Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron este martes el debate del nuevo proyecto de prisión preventiva oficiosa del ministro Luis María Aguilar, en el que se propone acotar esta figura para que los jueces no la apliquen de forma automática, sino que se analice caso por caso.
De acuerdo con el ministro ponente, al aplicarse de forma automática se rompería con la presunción de inocencia, con el debido proceso legal y con la obligación de los jueces penales de justificar fundada y motivadamente sus resoluciones.
El 8 de septiembre pasado, tras dos días de discusión, el ministro Aguilar Morales retiró el proyecto original para logar un mayor consenso entre sus pares, quienes mostraron posturas divididas sobre su facultad para declarar inaplicable el artículo 19 de la Constitución.
Los ministros consideraron que este proyecto era violatorio del derecho a la presunción de inocencia, de la libertad personal y de tránsito, pues –apuntaron– se trataba de una pena anticipada.
“Retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, a fin de proponerles una nueva metodología”, señaló entonces el ministro Luis María Aguilar.
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos integrantes de la Cámara de Senadores.
El nuevo proyecto
En el nuevo proyecto, Aguilar Morales considera que, al aplicarse de forma automática esta figura, se rompería con la presunción de inocencia, con el debido proceso legal y con la obligación de los jueces penales de justificar fundada y motivadamente sus resoluciones.
“Se rompería, incluso, con los principios fundamentales del sistema penal acusatorio y con la necesidad de someter a control judicial previo este tipo de medidas.
“Se debe entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática. El carácter oficioso de la medida cautelar únicamente se trata de una modalidad en la que el juez debe abrir el debate para determinar si se justifica la imposición de la prisión preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público hubiera solicitado la medida cautelar”, se detalla en el texto.
En el tema de la “inconstitucionalidad de la Constitución” que generó un gran debate en su primer proyecto, el ministro rechazó que esa posibilidad vaya incluida en el nuevo proyecto.
“En el proyecto no se ha propuesto la invalidez del artículo 19 constitucional, de ninguna manera”, acotó.
Además, negó haber afirmado o insinuado “quitarle hojas a la norma constitucional” y con ello, buscar vulnerar la Carta Magna. Destacó además que hay una mayoría de ministros que coinciden en que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos.
Mientras tanto, integrantes de organizaciones sociales se pronuncian afuera de la sede de la Corte para demandar que no se "toque al Ártículo 19 de la Constitución”; piden que se respeten los tiempos para que se dicte sentencia; que esta figura no se aplique de forma automática y que no se libere a las personas que tienen “poder”.
