Integralia alerta el intento de una posible reforma electoral no constitucional

El análisis “Implicaciones de la reforma electoral” realizado por la empresa que dirige Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), considera –como escenario futuro de esa reforma– que ésta se podría concretar por la vía de modificaciones a leyes secundarias.

Esta sería con la aplicación de los votos de la mayoría del bloque morenista sobre la oposición, un clima de redoblados ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y recortes presupuestales al primero, lo que complicará su operación.

En un primer paso considera factible que “aunque el gobierno carece de los votos para aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, Morena la someterá a voto con fines testimoniales” y generar aún más división de posturas, concluye.

Esos temas en los que Integralia evaluó que existe desacuerdo Morena y PAN, la principal oposición –el Revolucionario Institucional (PRI) no ha presentado una iniciativa completa de reforma electoral- y que por tanto no harían factible, por ahora, una reforma de consenso, son 19 puntos.

Estos son cambios de facultades al INE, quitarle la atribución de integrar el padrón; la elección en urnas de consejeros y magistrados electorales; reducción de congresos locales; eliminación de institutos y tribunales electorales estatales; la reducción de la sobrerrepresentación en el Congreso; controlar la propaganda de gobierno y eliminar el transfuguismo parlamentario.

Otros consisten en la regulación de candidaturas comunes, la reducción de votos para que una consulta de revocación de mandato sea vinculante; la realización de elecciones primarias en partidos para elegir candidatos, la segunda vuelta en elección presidencial o la regulación de gobiernos de coalición.

Sin embargo, la firma ve un posible el escenario en el que, de no prosperar las reformas que busca la mayoría de Morena –pues le faltan 58 legisladores para tener mayoría calificada, misma que conseguiría sólo con votos del PRI o de Acción Nacional (PAN)—, el partido guinda podría optar por modificar otras reglas electorales.

Los cambios previsibles, sin tocar la Constitución pero que podrían lograr con sólo sus votos, incluirían la modificación de las reglas en materia de fiscalización, multas, propaganda gubernamental, tiempos de radio y televisión.

Ninguna de esas modificaciones “podría afectar la estructura y facultades del INE, ni los temas torales del sistema electoral”.

Sin embargo, esas modificaciones pudieran darse, indica, en un escenario de aprobación sin acuerdos y clima de ataques a las autoridades electorales, lo que traerá consigo complicaciones para la renovación de 4 de 11 espacios del Consejo General del INE, mismo que debería concretarse durante febrero a abril de 2023.

En riesgo, padrón, INE, coaliciones

En caso de que se concretaran las modificaciones a la Constitución contenidas en la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, Integralia alerta riesgos para la supervivencia de los partidos, posible desaparición de las coaliciones multipartidistas y afectaciones a los pilares de la confianza en las elecciones como lo son la integración no partidizada de órganos y tribunales electorales.

Destaca la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) al que se le dejaría sólo la atribución de integrar la lista nominal de electores –es decir, de los votantes potenciales– pero no el padrón electoral.

“En consecuencia, es probable que tampoco expediría la credencial para votar con fotografía”, se alerta, pues se dejaría el organismo sin acceso al total de ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, que integran el padrón.

Por tanto, eliminar esa atribución constitucional “genera incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo y el posible uso clientelar o político de la lista de electores; se rompe uno de los pilares de la integridad del sistema electoral mexicano”.

Asimismo, se afectaría la confianza en las elecciones al modificar el mecanismo de integración de las autoridades electorales, que ahora se propone elegir en urnas.

Eso socavaría “la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales: elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil. En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas”.

Otra consecuencia sería el despliegue de campañas de los aspirantes a ocupar el INE o el TEPJF, lo que puede implicar “varios millones de pesos (o decenas): quien compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos”, alerta.

Un elemento adicional analizado es que la propuesta no incluye a las coaliciones electorales, lo que dejaría a esas figuras en duda y “podría implicar, en los hechos, una desaparición”.

En cuanto a la propuesta de modificación del Congreso, dado que se plantea reducir de 128 a 96 miembros el Senado, todos purinominales y la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes, a elegir vía representación proporcional y en ambos casos con base en listas estatales, se considera que se afectará el federalismo y la representatividad.

De acuerdo a las estimaciones de Integralia, el esquema podría mejorar la proporcionalidad votos-curules para algunas fuerzas políticas y con base en la votación de 2021 “los ganadores aparentes son el PRI y Movimiento Ciudadano”.

Al PRI estima que aumentaría de casi el 15% al 20% de la Cámara de Diputados, y al partido naranja se acercaría al 10%.

“Pero se partidiza el sistema representativo al romper el vínculo entre legislador y elector, ya que todos los legisladores se elegirían por listas, ninguno de forma directa”.

De ese modo, diputados y senadores serían elegidos mediante listas estatales y eso eliminarían las diferencias de la representatividad –por entidades y circunscripciones- “lo que es base del bicameralismo y del federalismo”.

En tanto, al eliminar el financiamiento ordinario de los partidos, a los que sólo se daría recursos en campañas, se abre la puerta a la proliferación de financiamiento irregular.

“Pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos: sin financiamiento público en años no electorales, los partidos políticos son vulnerables y se convierten en maquinarias para ganar elecciones (lo cual va en contra de su rol como intermediarios, reclutadores de liderazgos sociales y contrapesos al poder de los gobiernos)”, concluye el estudio.