El caso Cabeza de Vaca
El 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la orden de aprehensión contra el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo menos hasta que concluyera su mandato.
Fueron dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del estado de Tamaulipas las resueltas por la Primera Sala de la Suprema Corte. En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia iniciado por la Cámara de Diputados en contra de Cabeza de Vaca; mientras que, en la segunda, impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del extitular del Poder Ejecutivo local.
Ese día, el panista Cabeza de Vaca celebró que la Suprema Corte revirtió “la burda persecución política” en su contra y en contra de su familia.
“La Corte reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría facciosa en la Cámara de Diputados”, dijo el entonces mandatario en un video publicado en sus redes sociales.
“Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme; por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que, sin motivo ni fundamento, intentó removerme a la mala como gobernador”, añadió.
Cabeza de Vaca aseguró que el tiempo y la ley le habían dado la razón. “Las denuncias presentadas en mi contra fueron fabricadas. Estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales de 2021 y 2022”, dijo.
El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del entonces mandatario tamaulipeco. Tres días después de presentar la solicitud, representantes de la Fiscalía acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro para ratificar su acusación.
El 3 de marzo del 2021, el Congreso de Tamaulipas aprobó nuevas reglas para declarar la procedencia o no del desafuero de gobernadores, diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Con tales modificaciones, los legisladores locales pusieron un freno al procedimiento que inició en el Congreso federal en contra del entonces gobernador, a quien la FGR solicitó desaforar para poder proceder penalmente en su contra por los posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.
