La nueva demanda tendrá como sustento de aprobación la entrada en vigor en Estados Unidos, en junio o julio de este año, de una ley federal que establece como un delito federal el tráfico de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a delincuentes.
En su comparecencia ante el pleno del Senado de la República con motivo de la glosa del Cuarto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard Casaubón explicó que la intención será demostrar que hay venta de armas con empleo de prestanombres hacia grupos de la delincuencia organizada en México.
“Vamos a demostrar que en muchos de estos puntos donde se venden estos productos, en esos condados (en total 10), están operando prestanombres y se tienen que empezar a fincar responsabilidades penales porque las empresas que están vendiendo estas armas en esos condados claro que saben hacia dónde van”, explicó.
“Es imposible que no lo supieran, por ejemplo el famosísimo condado de Maricopa del señor (Joe) Arpagio (exsheriff) que promueve el asesinato de migrantes. En este condado se han vendido 1,482 armas largas que hemos asegurado en México”, agregó.
Afirmó que si México tiene que presentar una tercera o cuarta demanda, lo hará, pues la evidencia ha demostrado que a más armas en las calles, más homicidios dolosos.
De acuerdo con datos oficiales, el 70% de las muertes violentas en México ocurren con armas de fuego, las cuales proceden principalmente de Estados Unidos.
Esa segunda demanda va ser el tema primordial la próxima semana en el diálogo de seguridad México- Estados Unidos, adelantó.
“No se vale decir que es una materia estatal, queremos una decisión corresponsable, correspondiente al esfuerzo que México está realizando“, expuso el funcionario.
Informó que de enero de 2020 hasta la fecha, las autoridades mexicanas han asegurado 55,996 armas y la inmensa mayoría en la frontera con Estados Unidos. De ellas 21,430 son armas largas, de alto poder.
El tráfico de estas armas “es superior al número y capacidad de fuego que todo lo que compramos en un año para nuestras Fuerzas Armadas o policías”, explicó.
El canciller dijo que el tema es primordial porque “es imposible reducir la violencia con este número de armas largas que se están asegurando, producto del trabajo de las instituciones mexicanas“.
Ante los senadores, el canciller insistió en que México apelará la decisión del juez Dennis Taylor, quien la semana pasada desestimó la demanda interpuesta en agosto de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en contra de fabricantes de armas de Estados Unidos.
