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Caso Ayotzinapa ahora se enfila a proceder contra jueces por "actuar indebido"

En el informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, se señala que desde el Poder Judicial hubo hechos que propiciaron trabas burocráticas y administrativas.
sáb 24 septiembre 2022 07:00 AM
caso ayotzinapa
A 8 años de la desaparición de los normalistas, el caso aún no está resuelto.

El gobierno federal prevé iniciar quejas y denuncias contra jueces que llevan el caso Ayotzinapa , pues consideran que hay un “actuar indebido”, que ha permitido la libertad de algunos involucrados en la desaparición de 43 normalistas, en hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Entre ellos el juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables por haber sido torturados por las autoridades y contra quien se presentó una denuncia de hechos la noche de este viernes 23 de septiembre, además de que se pretende proceder contra otros seis juzgadores más.

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Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, explicó que entre los jueces hay uno que liberó a una de las personas prófugas que fue extraditada de los Estados Unidos, o quien señaló que prescribe el delito de desaparición forzada, cuando –explicó– la legislación señala que estos delitos en materia de violaciones graves a los derechos humanos son imprescriptibles.

Al respecto, Encinas dijo que se tomarán acciones.

“En muchos de los casos tienen que ver con responsabilidades de los jueces, y de ahí como lo anunció el subsecretario Ricardo Mejía, se iniciarán quejas y, probablemente, denuncias contra el actuar indebido de algunos jueces”, aseguró.

El informe del caso, presentado en agosto pasado, señala que, desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial de la Federación radicó los procesos en siete juzgados de siete entidades de la República, en dos sistemas procesales distintos: sistema inquisitivo y sistema acusatorio, a lo que se suma a una causa a nivel federal, “que fragmentó el proceso judicial”.

“Se establecieron criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley, y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos, en demérito de los derechos de las víctimas”, refiere.

 

De acuerdo con el reporte, se contabilizan al menos 28 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala (al menos ocho), con hechos relacionados y delitos cometidos durante las investigaciones.

Así fue la dispersión de las causas: 10 en Tamaulipas, cinco en el Estado de México, cinco en Guerrero; cuatro en la Ciudad de México; una en Colima; una en Morelos y una en Querétaro.

Esta falta de unificación en los procesos penales, resultó “un obstáculo para el acceso a la justicia”, y al respecto los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida, se lee en el documento.

 

¿Quiénes son los jueces con su “actuar indebido”?

Encinas recordó que el juez Samuel Ventura Ramos dictó la libertad de personas contra quienes se acreditó la tortura, pero en lugar de reponer el proceso, se les dejó libres.

“Hay que señalar que, efectivamente, se acreditó el caso de tortura, lo cual es admisible y que nosotros no podemos tolerar, pero, en lugar de restablecer el proceso, señalar y castigar a los torturadores, dictó el auto de libertad, incluso a algunos de los principales perpetradores de la desaparición de los muchachos”, dijo en conferencia.

También recordó que el mismo juzgador determinó otorgar libertad a Xóchitl N, quien fungía como radio operadora en el C4 en Iguala la noche de los hechos, con el argumento de que no había prueba de cargo para vincularla en el proceso. Aseguró que estaba “vinculada con los grupos delictivos” y que a pesar de que tenía toda la información de los hechos ocurridos, el juez le ha dado la libertad.

A su vez, señaló el exsubsecretario, fue quien dictó también la libertad absolutoria al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a otros implicados, “particularmente los policías municipales que participaron en la desaparición de los muchachos, quitándoles el delito de secuestro”.

 

Otros jueces que están señalados en el informe son:

Juez Enrique Beltrán Santes, del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ha mostrado desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad, negándose a aceptar a que, por seguridad, en las diligencias se distorsionan voz e imagen, señalando que no escucha con claridad.

Juez José Álvaro Vargas Ornelas, del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guerrero, se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial.

Juez César Chávez Souverbille, del Juez Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.

Juez Gabriel Domínguez Barrios, del Noveno Distrito en Iguala, liberó el 11 de noviembre de 2019, tras el pago de una fianza de 10,000 pesos, a Marco Antonio N (a) “la Pompi” o “el Cuasi”, quien había sido deportado de los Estados Unidos y detenido en la frontera norte, permitiendo de nueva cuenta su evasión. El 2 de marzo de 2022 modificó la medida cautelar a Carlos N, extitular de la Policía Federal Ministerial, para llevar su proceso en libertad.

Juez Óscar Alejandro López Cruz, del Juzgado Primero de Distrito en Colima, considera que el delito de desaparición forzada es prescriptible.

El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, no acepta las reglas de competencia por sistema, al realizar una interpretación equívoca de los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Magistrada Lambertina Galeana del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero ordenó la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo “problemas técnicos”.

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