Un juez federal aceptó a trámite una demanda de amparo promovida por la asociación civil Educación con Rumbo para analizar si es inconstitucional el programa piloto del nuevo plan de estudios para la educación básica.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que esa prueba piloto se aplicará en 960 escuelas públicas del país a partir del 29 de octubre de este año.
Sin embargo, la organización interpuso el amparo contra esa estrategia por considerar que es inconstitucional aplicar dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas y otro para el resto de planteles.
Además, argumentó Educación con Rumbo, el programa piloto no cuenta con la autorización del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, como establece la Ley General de Educación.
A través de un comunicado, Miguel Ángel Ortiz, abogado de la asociación, sostuvo que no existe justificación constitucional ni legal para que la SEP implemente el programa únicamente en escuelas públicas, por lo que debe revisarse “por discriminatorio”.
Además, afirmó, al tratarse de un modelo “prueba-error”, es decir, experimental, “no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución”.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió el amparo y ordenó realizar una audiencia hasta el 16 de noviembre de 2022 para resolver si el programa piloto es constitucional o no.
“Fecha que se fija en razón a la excesiva carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con mayor antelación”, se expone en el expediente 1436/2022.
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, dijo que el amparo presentado es una reacción de la sociedad civil ante el desaire de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, pues le han solicitado instalar una mesa de diálogo sobre el programa piloto de educación en preescolar, primaria y secundaria y no ha dado respuesta.
El objetivo de ese diálogo, detalló, es exponer ante las autoridades educativas “los riesgos y retrocesos del nuevo modelo” educativo.
