Un juez de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no elimine los grados escolares ni las evaluaciones de los alumnos, informó la organización Educación con Rumbo.
La suspensión que otorgó el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa responde al amparo 1220/2022 que esta asociación promovió contra la dependencia educativa.
El nuevo plan de estudios para la educación básica, difundido por la SEP el pasado 16 de agosto, establecía que los grados de preescolar, primaria y secundaria se agruparían en seis fases educativas y modificaba la evaluación de los estudiantes, para que no se basara en una calificación numérica.
Sin embargo, Educación con Rumbo interpuso un amparo contra esas iniciativas “para garantizar el derecho humano de los niños a la educación”.
A través de un comunicado, la asociación celebró que el Poder Judicial detuviera estas reformas al modelo educativo mientras no se garantice la participación de la sociedad civil.
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, llamó a la nueva administración de la SEP a instalar una mesa de diálogo sobre el programa piloto que se implementará en octubre en 960 escuelas para probar el nuevo plan de estudios.
“A fin de que se puedan exponer las debilidades del citado programa, al considerar riesgoso que se utilice un modelo ‘prueba- error’ con los niños sin que exista claridad en su implementación”, expuso.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, dijo que la resolución del juez para que la SEP imparta la educación básica mediante grados escolares se basó en la defensa del derecho humano a una educación de calidad.
El artículo 43 de la Ley General de Educación, refirió, establece que la educación debe ser multigrado.
“Por lo cual, la eliminación de grados escolares o sustitución por fases de aprendizaje resulta contraria a la propia ley y a la Constitución”, sostuvo.
Consideró, además, que la decisión del Poder Judicial muestra que existe “un sistema de contrapesos que funciona frente a decisiones arbitrarias que atentan contra el derecho humano a la educación”.
