Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, informó que la Comisión Jurisdiccional del Congreso del estado que dirigió no le ha notificado sobre el proceso de juicio político que se abrió en su contra por presunto desacato al decreto de austeridad estatal emitido en 2017, que le obligaba a reducir su salario y prescindir de los viajes en primera clase o uso de la flotilla de aeronaves.
“Aún no he sido notificado”, dijo el exmandatario a Expansión Política. Añadió que una vez que así sea, contestará de manera puntual todas “las falsas acusaciones” que el gobierno de Maru Campos “ha fabricado en su contra”, con miras a inhabilitarlo políticamente para ejercer cualquier cargo público, ya sea por designación o por elección.
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Corral dejó claro que tampoco cambiará su lugar de residencia, por lo que continuará con su vida normal. “Yo aquí vivo en Chihuahua y aquí estoy; salgo a la calle, voy a un restaurante, estoy con mis amigos”, dijo.
Y anunció que entre sus proyectos está el abrir una librería en homenaje a Sándor Márai, uno de los escritores europeos más importantes del Siglo XX, que pasó casi desapercibido en América Latina.
Para el exdiputado federal y exsenador de la República, el proceso de juicio político fue hecho “a la carta, con dedicatoria” de la también panista Campos Galván, “para llevar a cabo una venganza política (en su contra) mediante una clara violación de los derechos humanos, a través del abuso de poder”.
Además, se trata de una represalia “por el combate que dimos a la corrupción (durante su administración como gobernador entre 2006 y 2021), en el que destapamos muchos casos, entre otros, el de ella (Maru Campos), conocido como nómina secreta”, expresó.
Y es que en 2021, Corral Jurado acusó a la entonces alcaldesa con licencia de Chihuahua, de estar relacionada con la red de corrupción del exgobernador César Duarte, actualmente preso.
Javier Corral Jurado asegura que se defenderá ante los señalamientos. (Especial )
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El proceso
Corral, también abogado, periodista y político, indicó que una vez que sea notificado, contará con 10 días para responder a esos señalamientos en su contra.
Fue el lunes 1 de agosto cuando la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua aprobó el inicio de un juicio político contra el exmandatario.
“Yo todavía no estoy notificado (del proceso de juicio político), pero los medios dicen que son tres acusaciones: que fui omiso en dar cumplimiento a las medidas de austeridad en un acuerdo de austeridad que publiqué al inicio de mi gobierno.
“Dos, que fui omiso en promover acciones para reducir los salarios de la alta burocracia estatal. Y tres, que fui omiso en presentar iniciativas de ley tendientes a reducir el financiamiento público de los partidos, la reducción de plazas a nivel estatal y que no cumplí con la venta de las aeronaves y de algunas propiedades del gobierno de Chihuahua”, detalló el mandatario a Expansión Política.
Desde su visión, el proceso no cuenta con asideros legales, pues se le acusa de omitir vigilar el cumplimiento de qué los funcionarios públicos no viajaran en primera clase. “Todo esto es absolutamente falso”, señaló.
Indicó que una vez que sea notificado, acudirá ante las autoridades porque “voy a dar una respuesta puntual a todos, pero por supuesto que también tomar esto como una oportunidad para explicar no solamente a Chihuahua, sino al país lo que está sucediendo en el estado: la relación (Campos-Duarte) y la aplicación retroactiva de la Ley por hechos que acontecieron del 2016 al 2021”.
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Decreto de austeridad
El 18 de enero de 2007, el entonces gobernador Javier Corral firmó el “Acuerdo por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua”, mediante el cual se ponía a la venta de la Casa de Gobierno y la flotilla de aeronaves de propiedad estatal, salvo un helicóptero para uso de la Fiscalía General.
Otra de las 32 medidas encaminadas a enfrentar el déficit heredado de más de 8,000,000 de pesos, fue la venta 13 terrenos y 500 vehículos que estaban destinados a usos no sustantivos del servicio público, situación que permitiría además de su venta, ahorros en materia de combustibles, mantenimiento y seguros.
“Se propone al Congreso del estado autorizar la desincorporación para objeto de venta, de la Casa de Gobierno y la oficina alterna del gobernador del estado, ambos inmuebles ubicados en la Avenida Zarco número 2601 y 2603, colonia Zarco de esta ciudad, con una superficie de terreno de 5 mil 833.92 metros cuadrados y una superficie de construcción de 2 mil 821.86 metros cuadrados”, establecía el Decreto.
“Se ordena la venta de la flota aérea propiedad de Gobierno del estado, con el propósito de obtener ingresos para hacer frente a la contingencia y el déficit presupuestal, así como eliminar los cuantiosos gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las distintas aeronaves”, añadía.
Cambian proyecto
Javier Corral señaló que no solo se le quiere aplicar una ley retroactiva que fue “confeccionada para llevar a cabo una venganza política”, sino que el proceso está viciado de origen porque “eligieron a un empleado del Congreso del estado, que presentan como asesor”.
Detalló que el día que se reunió la Comisión jurisdiccional, “por la mañana se había circulado un proyecto distinto al que terminó siendo aprobado, en el que se determinaba que no había lugar a iniciar un juicio político”.
No obstante, durante la reunión “recibieron una llamada del Palacio estatal y cambiaron el sentido del dictamen y lo pusieron como: ‘sí iniciar el procedimiento’. Recibieron línea para continuar con el golpeteo político, es una estrategia de linchamiento desde que inició como gobernadora (Maru Campos)”, expuso el exmandatario.
Una vez que Corral Jurado sea notificado sobre la denuncia, se le hará saber su garantía de defensa, para lo cual contará con 10 días para contestar por escrito y, en su caso, ofrecer las pruebas a su favor.
En caso de no responder, se tendrán por ciertos los hechos atribuidos en la denuncia, por lo que perderá su derecho a exhibir elementos probatorios, según la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado.
Posteriormente, se prevé que a finales de septiembre o principios del mes de octubre, Corral o su representación jurídica comparezcan en aras de presentar los argumentos en su defensa. Tocará al Congreso emitir su veredicto en los últimos días de noviembre o principios de diciembre.
Javier Corral dejó el gobierno de Chihuahua en 2021. (Foto: Especial)
Si cae EPN, caen Videgaray y Betrones, dice
Por otra parte y en relación a las carpetas de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por delitos federales, Corral consideró que ello solo demuestra que ya se rompió el “pacto de impunidad” con la actual administración.
“Si lo hubo, yo creo que ya se rompió el pacto de impunidad. Lo que debemos esperar es que haya consistencia en el anuncio y haya consecuencias de las investigaciones, porque no hay duda que a México le falta que un expresidente sea enjuiciado como el gran ejemplo para el sistema de tapaderas y complicidades en el que se maneja la corrupción política en México”, dijo.
- ¿Dentro del gobierno de Peña Nieto, también hubo políticos que incurrieron en complicidad?
-Dos de ellos: (el excanciller) Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones. Si cae Peña, cae Videgaray y cae Beltrones.
-De eso, ¿no hay duda?
-No hay duda.
El político insistió en que tanto Videgaray como Beltrones, “son los grandes responsables de varios de los desvíos de recursos públicos más importantes que se han hecho en México a campañas políticas del PRI”.
Señaló que el proceder contra Peña, Videgaray y Beltrones, “traería una sacudida en el que combatir de manera frontal la corrupción tendría que ser la consecuencia. No puede haber excepciones. Se inicia una ruta de no retorno”.
