La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en exceso por 81.2 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde se descarrilló una unidad en diciembre, con un saldo de 14 personas fallecidas.
La ASF realizó la revisión de 65 contratos por diversos servicios prestados durante la construcción de esa megaobra y encontró retrasos de meses en concretar los trabajos, pagos en exceso y trabajos aún pendientes de realizar.
El pasado 28 de diciembre, un convoy de ese tren se descarrilló mientras recorría la ruta de la Línea Z, entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, justo cuando pasaba por las localidades de Nizanda y Chivela, en Oaxaca.
Según videos que circularon en redes sociales en el tramo del accidente había materiales viejos y de acuerdo a una revisión previa de la ASF en ese tramo se requerían trabajos de renivelación del terreno, lo que no se habría realizado; sin embargo el gobierno federal estableció que la causa apunta al exceso de velocidad.
Sin embargo la revisión realizada a esa obra por la ASF y cuyos resultados se entregaron hoy como parte de la tercera entrega del Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, fue de carácter financiero.
De acuerdo con el reporte de la ASF, se hallaron múltiples convenios modificatorios de las obras para posponer la conclusión de los trabajos.
La Auditoría 118, De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2024-2-13J3L-22-0118-2025 revisó los contratos de “Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec” en los estados de Veracruz y Oaxaca.
Los trabajos serían la corrección de 56 kilómetros de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la Línea Z (Tramo Colonia Jordán - Salina Cruz km 276+245 al km 308+100) contratados con la empresa Construcciones y Maquinaria SEF, S.A. de C.V. y con Consorcio Ferroviario FIT, S.A. de C.V., asociada con Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I., de C.V., y Construcciones Urales, S.A. de C.V.
La primera empresa habría concluido sus trabajos pero, de acuerdo al ASF, “a la fecha de la revisión (noviembre de 2025) los trabajos se encontraban en ejecución” en el caso de la segunda empresa, misma que habría firmado 13 convenios modificatorios para alargar las obras.
Para los diversos tramos de la obra fueron contratadas una docena de empresas más, algunas de las cuales suspendieron trabajo, otras las concluyeron.
Resultado de la revisión, concluyó la Auditoría, “se recuperaron recursos por 2.9 millones de pesos con motivo de la intervención de la ASF” sin embargo persisten las observaciones y pendientes de aclaración, otros 456,000 pesos “se generaron por cargas financieras”.
Además 81.6 millones de pesos “están pendientes de aclaración”.
Esa suma es el resultado de “pagos en exceso por 81.2 millones de pesos, por inconsistencias en el análisis de precios unitarios de concurso, en los contratos de obra pública a precios unitarios números FIT-GARMOP-OP-Z-02-2024, FITGARMOP-OP-Z-07-2024 y FIT-GARMOP-OP-Z-25-2024”.
A ello se suma otro pago en exceso por 394,000 pesos en el contrato de obra pública número FIT-GARMOP-OP-Z-02-2024, en dos conceptos de obra por diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas contra las realmente ejecutadas y determinadas como resultado de la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre personal de la entidad fiscalizada y de la ASF.
Así, concluyó la ASF, “en términos generales, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia” y por los retrasos en la obras o los pagos en exceso no se emprendió ninguna acción legal para el deslinde de responsabilidades o la presentación de denuncias de hechos, y los montos siguen en fase de solventación.
En una auditoría más, ésta a la gestión financiera del mismo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la ASF identificó que esa paraestatal rescindió el contrato con Combustibles del Sureste de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. y presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.
El presunto ilícito identificado fue el daño ocasionado a “dos locomotoras por la calidad del diésel suministrado”, es decir estaba adulterado.
Además realizó gestiones para solicitar al proveedor el reintegro de 371.0 miles de pesos del pago en exceso por la aplicación de un descuento de 1.24% por litro de diésel, y no en pesos por litro como se había tasado originalmente.
