El organismo detalló que en 2018, la víctima presentó una denuncia en la que relató cómo, en marzo de 2009, mientras se encontraba en su domicilio junto a su esposa, elementos del Ejército lo sometieron a base de golpes y lo sacaron de su casa mientras le preguntaban por el paradero de una persona que la víctima no conocía.
La queja relata, también, que el militar fue trasladado a instalaciones de la Compañía de Infantería No Encuadrada donde fue sometido a diversos actos de tortura por parte de los elementos aprehensores, quienes lo mantuvieron retenido por 33 días hasta que, finalmente, fue puesto a disposición de la Delegación de la entonces PGR en Chihuahua en calidad de imputado, pues se le atribuía la portación de 10 kilogramos de marihuana y armas de uso exclusivo del Ejército.
La víctima permaneció un año recluido en un centro penitenciario por los delitos que se le imputaban, hasta que el procedimiento fue resuelto en su favor con una sentencia absolutoria.
La CNDH informó que durante la investigación de este caso fueron encontradas diversas contradicciones en las declaraciones hechas por tres elementos del ejército que supuestamente aprehendieron a la víctima.
Además de que aunque la persona al mando de la Compañía de Infantería negó la participación de su personal en la desaparición de la víctima, se detectaron inconsistencias en sus declaraciones que confirmaron su responsabilidad en los hechos, informó el organismo.
Aunado a ello, en un careo de la víctima con los elementos aprehensores, uno de los elementos militares señaló que fue obligado a firmar la puesta a disposición de la víctima, aunque no le constaran los hechos que le imputaban a la víctima, bajo la amenaza de ser procesado por el delito militar de desobediencia, si no lo hacía.
