Mario Aburto, un obrero originario de Michoacán, fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, en Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que Luis Donaldo fue atacado con arma de fuego.
En esa ocasión, la víctima fue trasladada en calidad de acusada a la agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad. Después lo llevaron al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, ha sido internado en centros federales de diferentes entidades.
Ahora, la CNDH reconoce que desde abril de 1994 tuvo la posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de Mario Aburto y sus familiares, e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a derecho, lo cual no ocurrió.
De hecho, en los expedientes de la CNDH hay una entrevista de queja de aquellos años, realizada sin autorización de Aburto Martínez, "lo que cuestionaría las actuaciones de esta comisión porque no corresponden a su función legal".
Lo que hace pensar, destaca el organismo, que desde el primer momento las autoridades incurrieron en actos de tortura en su contra, y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos.
"Las nuevas consideraciones y hallazgos advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado", señala la comisión.
