El legislador, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recordó que de acuerdo con el informe de seguridad rendido por el gobierno federal en mayo de este año, se han empleado 28,971 elementos de seguridad en las fronteras, la mayor parte con personal de la GN, lo que da cuenta de la militarización de la política migratoria.
Así, esa militarización se naturalizó con la creación de la Ley de la Guardia Nacional en 2019, la posterior implementación del plan de Migración y Desarrollo del gobierno federal, y la designación de personas con perfil militar en puestos de dirección del INM, apuntó.
Por todo ello, consideró, es necesario quitarle a la GN las funciones que hoy le da la Ley, misma que en su artículo le concede la atribución de prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable en los centros de supervisión y control migratorio, y coordinación con las autoridades responsables en materia de migración.
El legislador también propuso restarle la facultad de realizar, en coordinación con el INM, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras con el fin de verificar su estancia regular y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular.
La GN tampoco podría, según la propuesta, apoyar el aseguramiento que realice el INM y a petición de este, ni resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren.
Álvarez Icaza presentó la iniciativa de reforma ante la Comisión Permanente, con el respaldo de organizaciones civiles participantes en el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria que del 21 al 23 de junio pasado analizaron las condiciones que enfrentan los migrantes, y donde se conoció de manera directa –expuso- “las condiciones infames de precariedad y represión encubierta en las que viven las personas migrantes que se encuentran en la frontera sur”.
Recordó que en Chiapas, entidad que es la principal entrada de personas solicitantes de protección internacional, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM) detectó entre mayo y noviembre de 2021 en el 80% de eventos monitoreados en terreno, la presencia de la Guardia Nacional en acciones de control y revisión migratoria.
Eso contrasta con la presencia del INM en el 75% de los casos “y más del 40% de participación de la policía estatal”.
Esa participación de instituciones policiacas o militares –como lo son la mayor parte de los elementos de las GN- se refleja, de acuerdo al legislador, en el aumento de quejas en Chiapas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional, pues el primer año de su operación, en 2019, hubo nueve quejas, pero en 2021 se incrementaron a 40, lo que representa un incremento de 344%.
“Además, de las 340 quejas recibidas contra el INM en 2021, que lo mantiene en el deshonroso primer lugar de las instituciones gubernamentales con mayores violaciones de derechos en la entidad”, expuso.
En el documento, Álvarez Icaza propuso la adición de un apartado, en el que se refuerza el control parlamentario que por ley hay sobre la GN, para que el informe que esta institución rinda al Legislativo sea público y haya vigilancia ciudadana para garantizar medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
