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La atención a la salud mental se transforma y deja de lado a los psiquiátricos

La Ley General de Salud, reformada en abril pasado, reconoce por primera vez que la atención a la salud mental debe ser universal y apegada a los derechos humanos.
dom 26 junio 2022 06:30 AM
Transformación de los hospitales psiquiátricos en México
Antes de la reforma de abril, los pacientes con padecimientos mentales eran internados y medicados sin considerar su voluntad.

En 2019, Alberto, de 37 años, paró en un hospital psiquiátrico del sistema de salud pública de México luego de que en su centro de adicciones lo canalizaron con "brote psicótico". Su enfermedad era el alcoholismo y, a decir de sus familiares, nunca había presentado un comportamiento errático.

En el psiquiátrico pasó dos semanas, fue sometido a evaluaciones y para obtener el alta médica, su mamá tuvo que firmar una carta de responsabilidad por "cualquier daño que Alberto pudiera ocasionar a la sociedad". Pero el joven salió con una nueva adicción, esta vez por un medicamento que le fue suministrado durante su internamiento.

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"Pensamos que lo iban a ayudar con lo del alcoholismo y lo dejaron peor, ahora lidia todos los días con dos adicciones", lamenta su madre, quien ha preferido mantener el anonimato.

Igual que Alberto, cientos de personas que se atienden en el sistema de salud mental son sometidas a internamientos y tratamientos involuntarios, lo cual no solo empeora su situación, sino que viola sus derechos humanos, tal como han documentado organizaciones nacionales e internacionales.

En el otro extremo están aquellas personas con síntomas de ansiedad, depresión o estrés que se quedan fuera del sistema de salud mental público, pues este se enfoca principalmente en la atención psiquiátrica y de adicciones, lo cual, en la mayoría de los casos, también agrava sus padecimientos.

"La atención a la salud mental ha estado centrada particularmente en los hospitales psiquiátricos, y toda la evidencia que se ha recogido es que los hospitales psiquiátricos y el tipo de atención que ofrecen está lejos de encaminar hacia la recuperación de las personas", dice en entrevista Diana Sheinbaum, coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de la organización civil Documenta.

En abril de este año, la Ley General de Salud se reformó y, por primera vez en la historia del país, se dejó de lado a los psiquiátricos para reconocer que la atención a la salud mental debe ser universal y apegada a los derechos humanos. Con esta nueva ley se busca prohibir los internamientos forzados y dar pie al fortalecimiento de los centros de salud para que cualquier persona pueda ser atendida, por ejemplo, por síntomas de ansiedad.

"La ley que existía hasta el momento era una ley profundamente violatoria a los derechos humanos, en la que se permitían no solo los internamientos involuntarios, sino también los tratamientos involuntarios, en la que las personas usuarias no tenían la capacidad de decidir; además de que se plantea ampliar el acceso a los servicios de salud mental para toda la población", explica Sheinbaum.

 

¿Qué dice la nueva ley?

Contrario a lo ha circulado en redes sociales, la nueva Ley General de Salud no instruye al cierre de los hospitales psiquiátricos, pero sí prohíbe el internamiento forzado de los pacientes y obliga a las instituciones a garantizar el consentimiento informado sobre los tratamientos.

"Todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona, de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible, la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, y las alternativas de tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos", se lee en el artículo 51 bis de la ley reformada.

Además, se aclara que en caso de que un paciente no pueda dar su consentimiento para un tratamiento ni exista un documento de voluntad anticipada, y su salud e integridad se encuentren expuestas a un "riesgo inminente", el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario. De ello deberá dejar constancia en el expediente clínico y otorgar un informe justificado a los comités de Ética y a la autoridad judicial competente.

En lo que respecta a niñas, niños y adolescentes —a quienes además se les debe garantizar el interés superior de la niñez—, la ley establece que es obligación de los prestadores de servicios de atención a la salud implementar los apoyos y ajustes razonables, adecuados a su edad para que su voluntad y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de intervenciones encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar.

"No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace", se enfatiza en la ley.

El texto refiere que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán, a partir de ahora, carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

 

Entonces, ¿qué pasará con los psiquiátricos?

Los hospitales psiquiátricos no cerrarán. Diana sheinbaum aclara que lo que plantea la ley es que no se construyan más, y que los que ya existen brinden una atención distinta, en la que las personas que quieran tener acceso a servicios de atención a la salud mental, no solo tengan la alternativa del hospital psiquiátrico.

Y la ley así lo dice: "Para eliminar el modelo psiquiátrico de asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud".

En México existen 33 hospitales psiquiátricos, de acuerdo con el directorio de la Secretaría de Salud, y el 60% se ubica en las tres ciudades más grandes, es decir, no están distribuidos de forma equitativa ni focalizada.

Por ejemplo, la Ciudad de México cuenta con tres hospitales psiquiátricos ubicados en Tlalpan y Tláhuac; el Estado de México también tiene tres, en Acolman e Ixtapaluca; mientras que Veracruz, Jalisco y Coahuila albergan dos hospitales psiquiátricos.

Pero entidades como Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán, que tienen las tasas más altas de suicidio (de 10.2 a 14 suicidios por cada 100,000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), cuentan con solo un hospital de atención psiquiátrica.

Hasta 2018, los 33 hospitales psiquiátricos del país contaban con una capacidad de atención continua hospitalaria para 4,000 personas, de acuerdo con el último informe de labores del expresidente Enrique Peña Nieto .

 

La transición a un modelo de salud mental universal

En el informe Por razón necesaria, de Documenta, se estima que, actualmente, una de cada cuatro personas en México tendrá un padecimiento relacionado con la salud mental a lo largo de su vida. Sin embargo, solo una de cada tres buscará atención.

En lo que respecta a las personas con capacidades psicosociales, la organización internacional Human Rigths Watch (HRW) encontró que son víctimas de varias violaciones a derechos humanos dentro y fuera de los hospitales psiquiátricos.

Tal es el caso de Esther, de 37 años, una mujer con discapacidad psicosocial que vivía con sus padres en una comunidad rural de Apodaca, Nuevo León, y quien estuvo encadenada desde que era una niña. "Su caso nunca fue contado ni incluido en los datos del gobierno, pues el encadenamiento es una práctica que permanece invisible y oculta, incluso para los vecinos, la comunidad local y las autoridades", indicó HRW en un informe .

La organización también se encontró con una institución psiquiátrica en la que los niños con discapacidades psicosociales estaban envueltos en vendas, cinta adhesiva o ropa, "como momias". Muchos de ellos abandonados por sus familias.

"En un caso, una persona murió mientras estaba amarrada y encerrada en uno de los baños, que se usaba como cuarto de aislamiento", detalla HRW.

Diana Sheinbaum reconoce que transitar a un modelo de atención como el que planta la ley, basado en una atención comunitaria en los sistemas de salud de primer nivel, puede tomar muchos años o hasta décadas, sobre todo por las "resistencias" de algunos sectores y por las deficiencias en el sistema de salud general, pero "es un esfuerzo que debe hacerse".

"La transición es indispensable si no queremos que los padecimientos se agraven. Hoy en día, si vives en cualquier pueblo del país y tienes una infección estomacal, por ejemplo, acudes al centro de salud más cercano. Pero eso no existe en temas de salud mental, la atención no está en la red primaria, sino en hospitales de tercer nivel, como los psiquiátricos. Imagina que pasas por un estado de ansiedad aguda, ¿cuánto te va llevar acudir a un hospital psiquiátrico?", cuestiona la activista.

Para el tipo de atención que se platea, se requerirá de médicos especialistas en salud mental que atiendan en cualquier clínica u hospital del país, tal como si fuera de atención general.

Si algo nos enseñó la pandemia es que el encierro no es terapéutico; ninguna persona se merece eso.
Diana Sheinbaum

Aunque la ley también instruye la capacitación y educación en salud mental del personal en el Sistema Nacional de Salud. Además, señala la urgencia de que haya más centros cercanos al lugar de residencia de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones.

Todavía falta que la Secretaría de Salud establezca las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a la población usuaria de los servicios de salud mental y con consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones, pero por ahora ya se dio el primer paso para que los psiquiátricos no sean la primera opción de los pacientes y sus familiares.

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