Ana Esther Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, coincidió en que cuando se realizó la consulta sobre el Tren Maya, las comunidades no conocían el proyecto ni los impactos que habrían.
"Cuando se hizo, la gente no sabía en qué consistía el proyecto ni el impacto, se hizo con comisariados ejidales, y estos tenían intereses particulares (...) Una obra de este tipo, que afecta la vida de las comunidades, requiere de su consentimiento explícito porque habrá despojo de tierras, directo e indirecto", comentó.
Ceceña refirió que el Tren Maya trae un conjunto de actividades sociales, económicas y ambientales que requerían de un estudio de factibilidad. Por ejemplo, cuestionó, qué ha pasado con otros proyectos de infraestructura.
"El empleo asalariado avanza en la zona (del Tren Maya), pero se trata de empleos sumamente precarios. Son empleos que disminuyen la calidad de vida de la gente (...) ¿Cómo incorporar a las comunidades a proyectos de desarrollo? Lo primero es preguntarles qué quieren y no llegar con ya decidimos lo que ustedes necesitan. ¿Quieres modificar mi territorio? Bueno, primero me preguntas", señaló.
