María Marván, exconsejera y expresidenta del Instituto Federal Electoral (IFE), consideró que el papel de los legisladores, concretamente de Morena y aliados, no es decirle a los jueces cómo deben interpretar la Ley.
Lo anterior, luego de que el Senado de la República aprobó este jueves, en lo general y en lo particular, el decreto que permitirá a funcionarios públicos y al presidente Andrés Manuel López Obrador, poder opinar sobre la consulta de revocación de mandato, sin ser sancionado.
“Lo que están haciendo es decir a los jueces cómo deben de interpretar la Ley. La pregunta del tamaño del mundo es: ¿por qué no cambiaron la Ley si tienen todo? Tienen la facultad y tienen la mayoría”, expuso.
“Podríamos inclusive pensar que a lo que nos estamos enfrentando, aunque no soy constitucionalista, es a una invasión de facultades”, abundó Marván Laborde en entrevista, de cara al ejercicio revocatorio a realizarse el 10 de abril.
Y es que la disposición establece que las expresiones de los servidores públicos (entendidas como declaraciones, difusión y mensajes en redes sociales) en medio de procesos electorales o de consultas, como la de revocación de mandato, no es propaganda gubernamental, sin embargo se mantiene la prohibición a que utilicen recursos públicos.
“El hecho de que Legislativo haga un acuerdo de interpretación, la verdad, vamos a decirlo suavemente, sí me incomoda. Creo que ahí hay que revisar algo que parece está mal hecho”, estimó la politóloga.
Sobre el recurso de inconstitucionalidad que las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron presentarán contra el “decreto interpretativo”, Marván Laborde comentó:
“Si algo ha hecho esta (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación) es jugar con los tiempos a favor de López Obrador. Da mucha pena decirlo, pero esa es la realidad”.
No obstante, la también excomisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), confió que, de presentarse, los ministros lo analicen lo más pronto posible, dado que el ejercicio revocatorio tendrá lugar en 24 días.
Además, recordó que esa resolución dará claridad al inicio de las campañas electorales de los seis estados que renovarán la gubernatura el 5 de junio, así como en las elecciones del 23 y las presidenciales del 24.
“Y le soy honesta, si se tira con esto el modelo de comunicación política, a mí me parece maravilloso, pero no es la forma de hacer un acuerdo de interpretación desde Legislativo”, acotó la maestra y doctora en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM).
La veda para la revocación de mandato prohibía a los funcionarios públicos, incluido al Ejecutivo Federal, difundir desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril, el ejercicio de democracia directa en el que la población decidirá sobre la permanencia o no en el cargo de López Obrador, por pérdida de confianza.
