Durante el análisis de los hechos, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Ciro Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala, declararon improcedentes las medidas cautelares respecto a la contratación del tiempo en radio y televisión, ya que no se tienen pruebas respecto de dicha conducta.
Tampoco sobre la promoción personalizada, porque bajo la apariencia del buen derecho, las pruebas, la propaganda y materiales que se denuncian no son emitidos, financiados o patrocinados por algún ente público o del gobierno federal.
Por el contrario, estimaron que se trata de material que es difundido por una asociación civil para que el presidente continúe en su cargo y, en principio, dicha conducta no puede prohibirse para la sociedad.
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También rechazaron los actos anticipados de campaña, ya que no se tienen elementos para determinar que las conductas son evidentemente ilícitas, así como la tutela preventiva, toda vez que no se tienen elementos que pudieran adelantar que se llevarán nuevos actos de forma ilícita.
Sobre el uso indebido de recursos públicos, los consejeros indicaron que ello “atañe al fondo del asunto”, pues “cuando la política financia con dinero, son malas noticias”, anotó Murayama.
