A siete años de uno de los casos más grandes de fraude en México, el presunto responsable, Rafael Olvera Amezcua, fue entregado a las autoridades del país para enfrentar cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fraude de la financiera popular Ficrea afectó a 6,848 personas, algunas de ellas fallecieron sin recuperar su dinero , y dio origen a una ley que pone más candados a ese tipo de instituciones. Te contamos las claves del caso.
Ficrea era una sociedad financiera popular (SOFIPO) avalada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
A partir de 2008 comenzó a ofrecer servicios financieros, como productos de inversión, ahorro y créditos. Generalmente, las SOFIPO suelen enfocar sus negocios en zonas rurales, sin embargo, Ficrea tenía muchos usuarios en ciudades, principalmente la capital del país.
Estas instituciones captan dinero, lo prestan, cobran intereses para pagar a los ahorradores y generan ganancias; es decir, los usuarios son parte de la estructura de socios.
La CNBV autoriza la operación y organización de las SOFIPO, además de que las regula y genera la supervisión necesaria.
Ficrea fue catalogada en 2011 por diversas calificadoras como una institución de alto riesgo, sin embargo, la CNBV y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hicieron caso omiso a las advertencias.
Meses más tarde, la CNBV detectó que los recursos que obtenía Ficrea de los ahorradores eran canalizados a Leadman Trade, una arrendadora propiedad de Rafael Olvera.
En 2011, la CNBV advirtió a Ficrea que no podía realizar operaciones con terceros, es decir, con Leadman Trade o alguna otra empresa o institución. Entonces, la financiera comenzó a falsear sus estados de cuenta para dar la impresión de que sus operaciones estaban dentro de los rangos permitidos por la autoridad y simuló aportaciones de capital. La CNBV no alertó sobre este problema.
Mientras, Olvera y Ficrea mantuvo las transferencias del dinero de los ahorradores a Leadman. Cuando los clientes de la arrendadora firmaban un contrato, en realidad hacían dos solicitudes de financiamiento, una con ella y, en automático, otra con Ficrea, que anunciaba además ganancias mayores a las ofrecidas por instituciones financieras similares.
La CNBV documentó que la cartera de crédito de Ficrea, que llegó a los 6,248 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2014, transfirió hasta 5,900 millones de pesos a otras empresas de Olvera.
Más de 2,500 millones de pesos fueron transferidos al extranjero para la compra de inmuebles en Miami y España, electrónicos, vehículos y el pago de gastos personales de los socios de Ficrea, como nóminas de yates y arrendamiento de aeronaves.
Otra de las irregularidades detectadas en un estudio interno de la CNBV y la Condusef es que había cerca de 1,500 clientes en Ficrea con cuentas con saldos mayores a 1 millón de pesos, cuando comúnmente la cuenta de ahorro de un cliente de SOFIPO era de 7,000 pesos, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).
En noviembre de 2014, la CNBV, encabezada entonces por Jaime González Aguadé, intervino Ficrea y anunció su liquidación, pese a que días antes se había comprometido a mantenerla ‘viva’ para tratar de garantizar que los ahorradores no perdieran sus recursos.
Olvera, director y principal accionista de Ficrea y de Leadman, fue señalado como probable responsable del fraude millonario. Sin embargo, los ahorradores también acusan a la CNBV por otorgar el aval de operación a una empresa son claras deficiencias y ‘lavarse las manos’ cuando finalmente fue liquidada.
En mayo de 2019, Olvera fue detenido en Texas. Para entonces era buscado en 180 países gracias a una ficha roja de la Interpol solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
En México, el empresario cuenta con cinco órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue repatriado este miércoles y durante la madrugada del jueves se le dictó prisión preventiva justificada.
El fraude de Ficrea de más de 5,900 millones de pesos afectó a todos sus ahorradores, muchos de ellos personas de la tercera edad, que confiaron en los altos rendimientos prometidos para hacerse de un poco más dinero. Algunos ahorradores murieron sin poder recuperar su dinero. Muchas de las víctimas de este fraude eran conocidos o familiares del propio Olvera Amezcua.
El día de la liquidación de Ficrea, un grupo de ahorradores tomó las instalaciones de la Condusef, donde se habían instalado mesas de diálogo, y mantuvo rehenes a los funcionarios públicos, incluyendo a su titular Mario Di Costanzo. Entrada la noche, el entonces subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, ofreció dialogar a nombre del gobierno federal a cambio de dejar salir a los empleados del organismo. El edificio fue liberado por completo al día siguiente.
Tras la liquidación de Ficrea, las autoridades pudieron recuperar solo el monto de activos y la cartera con garantías de Leadman en México, para lo cual se abrió un fideicomiso en favor de los ahorradores.
Con el paso de los años, hasta 4,000 afectados retiraron su demanda , pero todavía en 2018 había 60 representados por el despacho Regalado&Galindo, que calculaba un perjuicio económico de por lo menos 100 millones de pesos.
También había demanda de 300 personas contra Ficrea por un daño económico total que alcanzaría más de 800 millones de pesos, si se incluyen intereses y otros pagos por concepto de daño moral.
Como consecuencia del fraude de Ficrea, en abril de 2015 la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular que proponía la creación de un fondo especial para pagar a los ahorradores de la SOFIPO.
La llamada "Ley Ficrea" también establecía una serie de candados para las sociedades financieras, como la ampliación en el límite máximo de depósitos que deben recibir, esto con el fin de limitar el riesgo para los ahorradores.
La iniciativa pasó al Senado de la República y desde entonces se quedó congelada. Representantes y ahorradores de sociedades financieras campesinas y sociales pidieron frenar la "Ley Ficrea" por las restricciones expresas.
