Entre los acusados se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos y exmandos de corporaciones policiacas y de la Fiscalía estatal.
Las autoridades estadounidenses aclararon que se trata de acusaciones penales y que todos los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
En un oficio fechado el 30 de abril de 2026 y dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE expresó su preocupación porque Washington difundiera públicamente los nombres de los acusados y los cargos contenidos en la acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, pese a que esa información también formaba parte de las solicitudes de detención provisional enviadas a México.
La cancillería mexicana argumentó que esos datos eran sensibles al estar relacionados con una investigación penal en curso y con procesos de extradición aún pendientes, por lo que consideró que la divulgación podía afectar el desarrollo de los procedimientos judiciales y vulnerar la confidencialidad que, a juicio del gobierno mexicano, debe prevalecer en este tipo de mecanismos de cooperación internacional.
Como parte de los documentos difundidos, la SRE también elaboró una ficha con las líneas de comunicación utilizadas frente al gobierno estadounidense y la opinión pública. En ella se sostiene que México no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero insiste en que cualquier acción penal debe sustentarse en pruebas verificables y desarrollarse conforme al marco jurídico nacional.
El posicionamiento señala además que las solicitudes estadounidenses fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de analizar las evidencias y determinar los pasos a seguir conforme al debido proceso.
Asimismo, subraya que el sistema penal acusatorio mexicano no permite ejecutar detenciones únicamente con base en señalamientos o acusaciones, sino que requiere elementos probatorios suficientes.
Finalmente, el gobierno mexicano reiteró que mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de procuración de justicia, aunque advirtió que las decisiones relacionadas con investigaciones, detenciones o extradiciones se resolverán exclusivamente bajo la Constitución y las leyes mexicanas, sin aceptar injerencias externas en asuntos de jurisdicción nacional.
