La ASF encuentra anomalías en reportes de las vacunas anti COVID-19

La revisión de la Cuenta Pública 2020 consideró:

• 6,093.7 millones de pesos para la compra de dosis.

• 3,466.1 millones de pesos del pago del anticipo efectuado a Gavi Alliance, del mecanismo COVAX formalizado con la Secretaría de Salud, con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

• 2,627.6 millones de pesos con cargo a la partida presupuestal 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos” del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

“Se concluye que, en términos generales, las secretarías de Salud; de Relaciones Exteriores; de Bienestar; de la Defensa Nacional; y de Marina; así como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; y el Instituto de Salud para el Bienestar, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, dice la Auditoría en su informe, previo a señalar las anomalías.

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Las anomalías en los reportes

En diciembre de 2020, el gobierno de México arrancó el plan de vacunación para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La ASF identificó debilidades en la normativa emitida para regular las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las dosis.

Entre estas que la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México (Operativo Correcaminos) no consideraba la participación de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., del Instituto Nacional de Cancerología, y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, cuando participan de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas.

De acuerdo con la auditoría, en relación de la recepción de la vacuna Pfizer, se observó que a julio de 2021, “19 coordinadores de las brigadas especiales estatales recibieron dosis de vacuna de más”, de conformidad con lo reportado por el CENSIA, de lo que no se proporcionó la evidencia documental de la distribución a seis entidades federativas; mientras que de la coordinación del estado de Sinaloa no se proporcionó información de la recepción de dichas dosis.

Asimismo, señala que una parte del costo de vacunas se cubrió con los recursos ejercidos en 2020 por la Secretaría de Bienestar, pero esta no proporcionó información y documentación del sistema de información, gestión y resguardo de censos de la población general de la que es responsable y la Secretaría de Salud no contó con información completa, actualizada y confiable en sus sistemas “Ambiente de Administración y manejo de atenciones en salud” (AAMATES) y el sistema CVCOVID, del total de las dosis de la vacuna recibidas y distribuidas.

En el caso de CENSIA se señaló que aunque cumplió con las disposiciones legales y normativas, también se detectaron deficiencias en el control y supervisión de la aplicación de los recursos en la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, por ejemplo se observaron diferencias en el registro del número de dosis de Pfizer en las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, que fue el encargado de resguardar los fármacos.

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Por otra parte, de la vacuna AstraZeneca se encontraron diferencias en los números de dosis y de lote de la vacuna, al comparar la información proporcionada por el CENSIA en contra de la Cofepris y del número de lote contra Birmex; asimismo, el Centro no dio seguimiento a las acciones realizadas por Birmex relativas al transporte, almacenamiento, acondicionamiento y destino de dicha vacuna.

“Respecto de la distribución de las dosis de vacuna a las entidades federativas, existen incongruencias entre la información proporcionada por 10 coordinadores estatales de la Brigada Especial (Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sonora), en el registro del ingreso de lotes de dosis de la vacuna, ya que se reportan cantidades de más, de menos, o sin registrar, conforme a lo distribuido por Birmex”, señala la ASF.

Además que tanto en Salud como en CENSIA se determinaron deficiencias en la aplicación de controles y mecanismos de seguridad de la información en dichos sistemas, por lo que la ASF señaló que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas.

100 mdp por aclarar, según la ASF

Respecto a la adquisición y distribución de vacunas COVID-19, la Auditoría detectó un monto de 100 millones 79,727 pesos por aclarar derivado de contratos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la materia.

La auditoría hizo una revisión de la función de TIC en la Secretaría de Salud (SS) en 2020, relacionadas con Calidad de Datos de los Sistemas de Información empleados para la adquisición y distribución de vacunas COVID-19 y encontró que se carece de los mecanismos de revisión y control de los expedientes de tramites de pagos ni se realizaron negociaciones con el proveedor a efecto de que el arrendamiento que se erogó fuera acorde con el tipo de equipo proporcionado y considerara la obsolescencia del mismo.

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Tampoco se contó con procedimientos de verificación, monitoreo, supervisión y control del cumplimiento de los compromisos y actividades contractuales, por lo que no se determinaron las penas convencionales o deductivas aplicables, además que no se tuvieron procedimientos de estimación y dimensionamiento de desarrollo del software, en los que se consideraran las metodologías y normas existentes y no se dio seguimiento puntual al desarrollo de los proyectos desde su solicitud y hasta su conclusión, lo que resultó en un monto por aclarar de 45 millones 354,565 pesos.

En tanto que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el mismo rubro de auditoría de TIC, se identificaron deficiencias e irregularidades en los procesos de contratación que no garantizan contrataciones bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad, que derivaron en 54 millones 725,161 pesos pendientes por aclarar, entre ellas:

• Se identificaron deficiencias en la administración de los contratos como falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y pagados por el instituto y omisión en la determinación y aplicación de deductivas.
• Incorrecto registro y clasificación de los recursos en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta Pública 2020.
• Existen deficiencias en la administración y operación de los controles de ciberseguridad las cuales podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación del instituto.
• Carece de medidas y controles para asegurar la continuidad de las operaciones y la restauración de los sistemas en caso de presentarse una contingencia.