La revisión de la Cuenta Pública 2020 consideró:
- 6,093.7 millones de pesos para la compra de dosis.
- 3,466.1 millones de pesos del pago del anticipo efectuado a Gavi Alliance, del mecanismo COVAX formalizado con la Secretaría de Salud, con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
- 2,627.6 millones de pesos con cargo a la partida presupuestal 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos” del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).
“Se concluye que, en términos generales, las secretarías de Salud; de Relaciones Exteriores; de Bienestar; de la Defensa Nacional; y de Marina; así como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; y el Instituto de Salud para el Bienestar, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, dice la Auditoría en su informe, previo a señalar las anomalías.
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Las anomalías en los reportes
En diciembre de 2020, el gobierno de México arrancó el plan de vacunación para hacer frente a la pandemia de COVID-19. La ASF identificó debilidades en la normativa emitida para regular las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las dosis.
Entre estas que la Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México (Operativo Correcaminos) no consideraba la participación de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., del Instituto Nacional de Cancerología, y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, cuando participan de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas.
De acuerdo con la auditoría, en relación de la recepción de la vacuna Pfizer, se observó que a julio de 2021, “19 coordinadores de las brigadas especiales estatales recibieron dosis de vacuna de más”, de conformidad con lo reportado por el CENSIA, de lo que no se proporcionó la evidencia documental de la distribución a seis entidades federativas; mientras que de la coordinación del estado de Sinaloa no se proporcionó información de la recepción de dichas dosis.