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14 procuradores y 27 fiscales de EU respaldan demanda de México contra armerías

Autoridades estatales estadounidenses se manifestaron a favor de la demanda mexicana contra fabricantes y productores de armamento, que desde su trinchera buscan frenar el litigio.
mar 01 febrero 2022 05:17 PM
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Un análisis presentado por México en Estados Unidos estima que 250,000 armas han sido traficadas a territorio mexicano en la última década.

México dio un paso más en su demanda contra productores y distribuidores de armas en Estados Unidos, a los que acusa de ser negligentes en sus actividades y con ello dar pie a que estos productos sean traficados hasta grupos del crimen que generan violencia en el país.

Ahora, el gobierno de México presentó documentos de réplica para responder a la petición las empresas demandadas para que se frene el litigio que se encuentra en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, argumentando que gozan de inmunidad en contra de demandas civiles por daños. Los documentos de las autoridades mexicanas incluyen un reporte de expertos legales, que abona al argumento de que el daño ocurrió en territorio mexicano, y también un análisis econométrico, para establecer el número de armas traficadas en los últimos años.

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Aunado a esto, algunos países, especialistas, organizaciones, víctimas y entidades gubernamentales de Estados Unidos, entre ellos, 14 procuradores estatales —contando al de Massachusetts— y 27 fiscales de distrito, presentaron escritos independientes como amigos de la Corte, en respaldo de los argumentos de México.

Los procuradores y fiscales manifestaron su interés en que Massachusetts continúe el litigio y establecieron que la ley PLCAA (Protection of Lawful Commerce in Arms), con la que los productores piden frenar el caso, no otorga inmunidades cuando se viola una ley estatal, en línea con el argumento del gobierno mexicano.

“(Valoramos) este respaldo de tantos estados de la Unión Americana, de fiscales generales y también ya de algunos países como Antigua, del Caribe y Belice, que apreciamos mucho, y poco a poco suponemos se van a ir sumando otros países del mundo argumentando que deben tomarse medidas para que no se siga existiendo esta negligencia y este tráfico de armas. Yo alguna vez he dicho: es un río de armas hacia México que nos afecta a todas las mexicanas y mexicanos”, dijo el canciller Marcelo Ebrard este martes en un videomensaje.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y quien lleva la demanda, Alejandro Celorio, señaló que el apoyo llena de optimismo a la institución federal porque da legitimación al proceso, dado que PLCAA no exime de una responsabilidad ante una ley estatal, como argumenta México.

“La parte que nos gusta mucho, nos anima mucho, nos llena de mucho optimismo respecto a la legitimidad que tiene esta acción legal respecto al tráfico ilícito de armas, (es que) se presentaron ocho escritos de amigo de la Corte; la idea de estos escritos de amigos de la Corte es acercarle elementos adicionales u opiniones al juez sin la parte demandante o demandada”, expuso Celorio, durante el seminario sobre violencia y paz de El Colegio de México (Colmex) titulado “La batalla de Boston. México contraataca”.

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En el mismo evento, Eugenio Weigand Vargas, director asociado del Center for American Progress, explicó que PLCAA es una ley para proteger a la industria de armas civiles, pero es fuertemente criticada, pues 72% de los ciudadanos está a favor de demandas como la que está llevando a cabo México. “El rol de Estados Unidos en el tráfico de armas es innegable”, dijo.

Celorio explicó que se tiene hasta el 28 de febrero para que los productores presenten una contrarréplica y el juez decida si da la razón a las empresas y detiene el litigio o permite pasar a la siguiente etapa, en la que México espera poder pedir información sobre la trazabilidad de las armas y sus relaciones comerciales, lo que demostraría que las compañías sí tienen responsabilidad.

El análisis econométrico que presentó México para establecer el número de armas de fuego traficadas ilícitamente a México, que se vinculan con Massachusetts y con las empresas demandadas, señala que la cifra asciende a más de 250,000 en los últimos 10 años.

De acuerdo con Celorio, las empresas buscan el desechamiento o llevar el caso a otros sitios donde sus argumentos tengan más peso, como Texas, donde ciudadanos e instituciones son más “conservadores”. Por eso, la “batalla es por conservar Boston como foro” y la instrucción que tiene es “llegar a las últimas consecuencias”.

Debido a esto, si es aceptado el freno al litigio, las autoridades de México recurrirían a una Corte de Apelaciones y hasta a la Suprema Corte estadounidense.

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