Así argumentaron los fabricantes de armas de EU frente a la demanda de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya preparan los argumentos y la evidencia para responder ante la Corte a las defensas de las compañías demandadas.

“El Gobierno de México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, las empresas entregarán una contrarréplica a la Corte el 28 de febrero de ese mismo año”, informó la SRE a través de una nota informativa .

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El gobierno de México demandó a:

• Colt’s Manufacturing Company
• Barrett Firearms Manufacturing
• Beretta USA
• Smith & Wesson
• Century International Arms
• Glock Ges.m.b.H
• Sturm, Ruger & Co
• Beretta Holding
• Glock, Inc
• Interstate Arms
• Witmer Public Safety Group

En su demanda, planteó un daño a México 10,000 millones de dólares.

¿Cuáles fueron las razones que dieron las demandadas?

-No se consideraron responsables de la acusación.
-Aseguraron que su actividad es legal de acuerdo con las leyes de Estados Unidos.
-Afirman que hay ausencia de fundamento en la acusación de que participan en actividades ilícitas.
-Sostienen que México es incapaz de controlar la violencia de los cárteles en su territorio y que busca culpar a los fabricantes y distribuidores de armas.
-Acusan a México de “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal”.

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-Que México no ofrece evidencia alguna de la responsabilidad de estas empresas en la compra y uso ilícito de armas por terceros.
-Los daños por los que el demandante exige compensación ocurrieron todos en México, mientras que una de las demandantes, Beretta Holding, es una corporación de Maryland.
-Afirman que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las compañías. Por lo que no se puede responsabilizar a las empresas demandadas por “la acción independiente de algún tercero”.
-Sostienen que México quiere ir más allá de sus fronteras y “castigar ventas de armas que no sólo son legales, sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos”.