La demanda civil que interpuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de 11 empresas estadounidenses que producen y distribuyen armas tiene mínimas posibilidades de éxito; sin embargo, servirá para sentar un precedente en la relación bilateral y de muestra de la molestia de México por ser quien pone los muertos y Estados Unidos las armas.
El tráfico de armas ha empoderado al crimen organizado y en los últimos años, ha incrementado el número de homicidios dolosos en México.
Desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico en México, 206,934 personas perdieron la vida por arma de fuego, cifra que representa el 70% de los homicidios dolosos registrados desde 2006 a 2021.
De 1997 a 2006, los homicidios dolosos por arma de fuego promediaban los 3,223, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública . Sin embargo, ese tipo de muertes ha ido creciendo año con año. En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 65,517 homicidios con arma de fuego.
“Las armas tienen un impacto directo en la letalidad y en la violencia en México. No se puede negar la correlación entre el flujo de armas y los homicidios dolosos en México”, advierte José Andrés Sumano, profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
Un día después del segundo aniversario de la matanza de varios mexicanos en El Paso, Texas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno mexicano interpondría una demanda contra 11 empresas de Estados Unidos por un comercio "negligente" de armas, entre estas, Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm y Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
“¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia, será determinado en el juicio”, informó el canciller en una conferencia de prensa el 4 de agosto pasado.
Para especialistas en relaciones exteriores, se vislumbra complejo que México gane la demanda en la Corte de Massachussets; sin embargo, la intención es sentar un precedente.
“La causa y la sustancia de la demanda es justa porque muchas de estas empresas de armas sí tienen un modelo de negocio dedicado a los grupos del crimen organizado en México. Diseñan y mercadean armas para vendérselas, saben que parte de su negocio está allí”, asegura Sumano Rodríguez.
En su discurso, el canciller aseguró que las empresas demandadas tienen como un cliente claro a miembros del crimen organizado.
“Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas; tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso”, dijo.
El viernes pasado, la Corte Federal en Massachusetts en Estados Unidos aceptó el litigio presentado por el gobierno de México contra 11 empresas, por lo que ahora sigue la notificación y el proceso legal.
La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos. pic.twitter.com/aKasaCrZmo
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 20, 2021
Para Andrés Sumano, aunque ya se dio un paso en la Corte de Massachussetts, es difícil que se gane la demanda.
“No creo que la demanda prospere, pero estrategicámente es importante porque vuelve a poner el tema en la agenda, mete una presión mediática y política a esta industria para mejorar controles en la venta de armas en Estados Unidos”, explica.
Los especialistas consultados aseguran que este es un buen momento para ejercer presión sobre un tema como la negligente venta de armas porque el gobierno de Joe Biden puede ser receptivo a la demanda de México.
“Con esta demanda el gobierno de México sienta el precedente histórico de hacer una queja directa a la industria armamentista por una mala regulación por la compra y venta de armas en los Estados Unidos”, asegura Juan Manuel Aguilar, experto en relaciones internacionales.
El también experto en seguridad explica que la dificultad en ganar una demanda como la interpuesta por México radica en los intereses de asociaciones como la del rifle en Estados Unidos.
"Sigue habiendo intereses muy fuertes de organismos como la Asociación Nacional del Rifle, como lobbies que pueden frenar la intención de regular la venta de armas. Barack Obama lo quiso contener y no lo logró, entonces menos un gobierno extranjero a través de una demanda de esta naturaleza", asegura.
El canciller Marcelo Ebrard aclaró que la demanda civil no es en contra del gobierno de Estados Unidos, sino en particular en contra de 11 empresas para que “compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”.
De acuerdo con José Andrés Sumano, esta demanda si bien es trascendetal, no generará que relación bilateral se vea afectada.
“Esta demanda no le veo un impacto negativo en la relación diplomática entre los 2 gobiernos; por el contrario, puede ser que el gobierno de Joe Biden la vea con buenos ojos, porque ellos también están interesados en un mayor control en la venta de armas”, asegura.
Si existe algún impacto negativo, será con los políticos republicanos, que son más proarmas, pero no con los demócratas.
Para Aguilar, además de la demanda interpuesta ante una corte en Estados Unidos, México tiene que asumir acciones para frenar el tráfico de armas.
“México tiene que actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que data de 1972, a las nuevas problemáticas internacionales, México necesita es una política activa en contra del tráfico de armas”, asegura.
