Con ello, el Consejo General Electoral busca seguir las mismas medidas de ahorro en el caso de material electoral que aprobó para la consulta popular celebrada el 1 de agosto para enjuiciar a políticos del pasado.
De entrada, para el ejercicio revocatorio, no será necesario producir cajas paquete. En el informe se establece que “en virtud de que se cuentan con las existencias suficientes en los inventarios de las juntas distritales, derivado del resultado de las acciones implementadas para la recuperación de dicho material electoral”.
En una investigación de mercado realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del INE en octubre de 2021, se destacó que el costo promedio de acondicionar este material es de unos 4 millones 100,000 pesos, mientras que el de su producción rondaría la cantidad de 21 millones 700,000 pesos.
“Esto significa un ahorro neto de aproximadamente 17 millones 600,000 pesos para la institución”, se añade en el documento de 30 cuartillas.
En espera de la respuesta de Hacienda
Para el mecanismo de democracia directa, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tendrá un costo de 3.8 millones de pesos, la Ley en materia de Revocación de Mandato ordena al INE instalar el mismo número de casillas que en una elección federal, a raíz de 161,000.
Sin embargo, con los recursos con que cuenta de unos de 2.2 millones de pesos, únicamente podría instalar entre el 60% y 70% de las mismas, por lo que está en espera de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la ampliación presupuestal de 1,738.94 millones de pesos, para poder cubrir los costos.