600 auxiliares, dados de baja por hacer trampas
La misma Comisión del Quejas y Denuncias del INE determinó dar de baja a 600 auxiliares que entregaron más de 71,000 apoyos ciudadanos con irregularidades, como copias de credencial de elector con inconsistencias o sustentadas en imágenes que no eran la de una persona sino de objetos como pantallas o mascotas.
Ahora, una vez que cierre el plazo de recepción de firmas, el INE tendrá hasta el 3 de febrero para concluir la revisión de las rúbricas, ya sea que fueran entregadas con la app del instituto o en formatos de papel. De las primeras, con corte a este jueves, se habían entregado 1 millón 67,635 y se habían detectado irregularidades en 20% de ellas.
El tema llega a la Corte
En medio de la entrega y recepción de firmas, el ejercicio revocatorio llegó a la SCJN.
La coalición Va por México presentó el 14 de octubre una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, pues considera que tal como está planteada permite al presidente estar "en campaña permanente".
El INE también presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra del recorte de recursos que le aprobó la Cámara y, de su lado, en una sesión de Consejo General determinó poner en pausa algunas actividades del proceso, argumentando falta de recursos.
Sin embargo, la presidencia de la Cámara, a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso su propia controversia contra el INE, a partir de la cual logró que la Comisión de Receso del máximo tribunal del país le concediera una suspensión y ordenara al instituto seguir adelante con la consulta revocatoria.
Tras la notificación, el INE informó este jueves que acatará en sus términos ese mandato judicial, pero aclaró que se mantendrá atento a la resolución de fondo que haga la SCJN respecto de la controversia constitucional que presentó para reclamar insuficiencia presupuestal.
Desde Morena, el dirigente Mario Delgado y otras figuras acusan al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, así como a otros de sus pares, de no querer hacer el ejercicio, de frenar la democracia y de hacer un gasto excesivo de recursos públicos. En contraparte, Córdova y los consejeros sostienen que es imposible organizar la consulta de revocación de mandato con pocos recursos, pues por ley debe plantearse como otra elección federal, es decir, con la instalación de unas 160,000 casillas.
