"Es procedente la (medida) para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en este como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto", ordenó el ministro, cuyo nombre aún no se hace público.
Sin embargo, el ministro se negó a suspender otros efectos del documento, que redujo al mínimo los trámites para todos los proyectos de infraestructura federales y los clasificó como de seguridad nacional.
"Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del gobierno de México", agregó.
Con esto, la suspensión solo evitará que se clasifique como reservada, por razones de seguridad nacional, la información de los proyectos prioritarios del actual gobierno federal.
Si se buscara echar mano de ese recurso, por ejemplo, en las obras del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Corredor del Istmo de Tehuantepec, las autoridades tendrían que argumentar las razones por las que declara esa información como un asunto de seguridad nacional, según lo establecen las leyes de transparencia.
La resolución del ministro permite que el acuerdo presidencial del 22 de noviembre siga surtiendo efectos en todos los temas a los que se refiere, salvo en materia de acceso a la información.
