"No se autorizarán más plazos". Esa fue la advertencia que hizo el pasado miércoles un juez federal a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en los procesos penales que enfrenta por los delitos que se le imputan en los casos Agrenitrogenados y Odebrecht.
En esas audiencias, el juez fijó las fechas límite para el cierre de las investigaciones contra Lozoya, que serán el 13 de diciembre en el caso de Ocebrecht y el 17 de diciembre para el caso Agronitrogenados.
A partir de entonces, iniciará el camino para determinar si Lozoya permanecerá en prisión o quedará en libertad bajo acuerdo. Los procesos podrían tardar hasta dos meses debido a los plazos legales y días feriados, explicó en entrevista Héctor López Bello, profesor de Derecho de la Universidad Panamericana (UP).
Estos son los plazos y las condiciones de cada caso, según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El juez negó dar a Lozoya otra prórroga en este caso, por lo que el 13 de diciembre es la fecha límite para que se acabe la etapa de investigación.
En este caso, a Lozoya se le imputan delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Según la acusación, recibió sobornos por hasta 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de contratos, incluso antes de ser designado director de Pemex (2012-2016).
Cierre de investigación. Lo que ocurrirá este lunes, explica López Bello, será que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá presentar todos los elementos de prueba para acusar formalmente a Lozoya y, a su vez, la defensa tendrá que aportar pruebas para desacreditar la acusación. Desde su arresto, el exfuncionario se presume inocente.
Una vez que cierre la etapa de investigación, Lozoya ya no podrá ampliar el criterio de oportunidad, que es el que han venido negociando sus abogados para evadir el ejercicio de la acción penal.
"Esto quiere decir que el Ministerio Público decida no actuar en su contra por la comisión de algún delito, pero para eso tiene que reunir ciertas características o criterios, como aportar información muy buena, esencial y demostrable que permita perseguir delitos todavía más graves contra personas de mayor jerarquía o participación (...) Lozoya y sus abogados todavía tienen hasta el lunes para seguir negociando (sobre Odebrecht)", menciona el abogado López Bello.
La etapa intermedia. A partir del lunes, correrá un plazo de 15 días hábiles para que la FGR presente por escrito una acusación formal, lo cual ocurrirá a inicios de enero de 2022. Esta etapa es la intermedia o de preparación para el juicio. "Aquí, el juez va a valorar todas las pruebas que le están presentando la fiscalía y la defensa", agrega el especialista.
El escrito de la FGR también deberá contener la solicitud de la pena, pues esto no se puede hacer en la última etapa del proceso, es decir, en la del juicio, y la petición es independiente a la decisión final del juez.
"Tal vez la fiscalía pide inicialmente cinco años de prisión, pero el juez determina que mejor dará siete o 10 o 15 años", expone López Bello.
Hecho esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Pemex, en su carácter de víctimas —la primera por daño al erario público y la segunda por daño patrimonial— tendrán tres días hábiles para entregar al juez un escrito en el que confirmen si están de acuerdo con las pruebas definitivas y las imputaciones presentadas por la FGR.
La defensa de Lozoya tendrá 10 días hábiles, a partir de la imputación formal, para responder al escrito de que está enterada de la acusación y las pruebas.
Cuando ya se cumplan estos plazos, se abrirá la etapa intermedia, en la que el juez valorará todas las pruebas presentadas por la FGR, la defensa y lo que las víctimas quieran aportar, y decidir si las admite o las desecha.
El tiempo para que esto se lleve a cabo dependerá de la cantidad de pruebas que presenten las partes, aunque para llegar a ese punto los elementos ya estarían prácticamente valorados. Por ello, estima López Bello, el juez podría tardar alrededor de una semana en validar.
La etapa final. Una vez validadas las pruebas, iniciará el auto de apertura a juicio, que es la última etapa del proceso: el juicio oral.
"Los fiscales y el imputado se ponen frente al juez en una sola audiencia. El fiscal va a presentarle al juez todas las pruebas documentales de por qué considera la culpabilidad (de Lozoya) y, a su vez, los abogados van a argumentar y a refutar todas las pruebas que supuestamente lo están incriminando. El juez va a valorar eso y, en función de lo que pida la fiscalía y de lo que se defienda el acusado, ya puede dictar una sentencia", explica López Bello.
La sentencia puede emitirse en dos sentidos:
Este es el mismo proceso que se llevará en contra de Gilda Susana Lozoya, su hermana, señalada por lavado de dinero y asociación delictuosa también en el caso Odebrecht.
Con relación a la compraventa irregular de la planta de Agronitrogenados, vendida por la empresa Altos Hornos de México a Pemex, el juez otorgó a Lozoya una prórroga para que el cierre de la investigación sea el 17 de diciembre.
Esto quiere decir que ese día vencerá el plazo para que Lozoya llegue a un acuerdo reparatorio con la FGR, Pemex y la UIF, y así se extinga el ejercicio de acción penal en su contra. De no ser así, las etapas del proceso serán las mismas que en el caso de Odebrecht.
A partir de esa fecha, la fiscalía tendrá 15 días hábiles para presentar la acusación formal contra el exfuncionario, la UIF y Pemex tendrán tres días hábiles para ratificar, y la defensa de Lozoya tendrá 10 días para responder. Hasta entonces se abrirá la etapa intermedia para la valoración de pruebas y luego se llegará a la etapa final: el juicio.
Para la reparación del daño, Lozoya ofrece inmuebles y hasta 3.4 millones de dólares.
En sus estrategias de defensa, los abogados están buscando acuerdos distintos en los dos casos: criterio de oportunidad o testigo colaborador en el caso Odebrecht y reparación del daño en Agronitrogenados.
López Bello señala que en el caso Odebrecht se negocia el criterio de oportunidad porque hay funcionarios de alto nivel involucrados; entonces, Lozoya está argumentando que él solo "siguió órdenes".
"Lozoya argumentará 'yo solo seguí instrucciones de personas que, en un esquema de jerarquía, estaban encima de mí', y si demuestra esto y la presunta responsabilidad de esas personas, puede salir libre", explica.
Mientras tanto, el caso de Agronitrogenados se trata de tráfico de influencias para la obtención de dinero público de forma ilícita.
"Esto es una cuestión de lana y se puede llegar a un acuerdo con la fiscalía, porque es más fácil soltar dinero y llegar a un acuerdo reparatorio, como hizo Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, que demostrar la culpabilidad de sus superiores jerárquicos", detalla el especialista.
