El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo público su voto en contra de la ratificación de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del instituto, informó que al órgano electoral autónomo no se le permitió participar en el proceso de nombramiento de Romero, aun cuando forma parte del consejo directivo de esa institución académica.
“Debido a que, durante la primera sesión extraordinaria de 2021 del consejo directivo del CIDE no se nos permitió hacerlo, con el único ánimo de cumplir con la función que tiene a su cargo como integrante de dicho consejo, el INE expresa que su voto sería en contra de la designación y nombramiento efectuado por la dirección general del Conacyt”, resaltó.
Tras la designación, realizada a cargo de la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, el INE resaltó que las auscultaciones interna y externa no fueron desahogadas en los términos requeridos por el estatuto general.
Además, en el contexto de la confrontación que se vive en el seno de la comunidad del CIDE no ha propiciado un clima propicio para el diálogo de sus integrantes”, resaltó Jacobo Molina en el escrito hecho público el pasado martes.
Mientras la comunidad estudiantil del CIDE mantiene cerradas las instalaciones de la institución, resaltó preocupación por la destitución de la coordinadora de Administración y Finanzas.
“Como demócrata convencido y como académico, respaldo el posicionamiento que hizo el secretario ejecutivo del @INEMéxico en el consejo directivo del @CIDE_MX en contra del procedimiento de formalización del nombramiento de su nuevo director general”, escribió Córdova Vianello en su cuenta oficial de Twitter.
El proceso de elección en la institución académica llegó a los juzgados. El periódico El Universal reportó que por lo menos cinco juicios de amparo se promovieron en contra y con el señalamiento de que María Elena Álvarez-Buyla, directora del Conacyt, actuó de manera ilegal.
Uno de esos amparos fue admitido a trámite por el juez segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.
