‘Duda razonable’, el documental que exhibe el riesgo de ser acusado injustamente

“Es difícil saber qué es lo que está pasando. No solo ocurre en este caso, hay montones de personas en prisión que son inocentes”, dice Hernández, al referirse a la realidad mostrada en esta producción disponible en Netflix a partir de este 23 de noviembre .

“¿Por qué el sistema está aplicando violencia ilegal y por qué está manipulando los casos para generar una apariencia de eficacia? Nadie gana cuando eso sucede, todos perdemos cuando las instituciones operan de esta manera”, advierte.

Años después del estreno de Presunto culpable –otro documental acerca de este problema–, Hernández se encontró con la historia de Héctor Muñoz, Juan Luis López, Gonzalo García y Darwin Morales mientras realizaba una investigación en un penal de Tabasco. Ahí, los cuatro le contaron sobre las circunstancias en las que habían sido detenidos, en principio acusados del secuestro de una mujer únicamente identificada como “GLP”, y le pidieron ayuda para su defensa legal.

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Hernández no tomó el caso, pero sí decidió empezar a documentarlo y ayudó a los acusados a encontrar un abogado. Este fue Andrés Andrade Téllez, un exfuncionario de la Fiscalía General de Tabasco que conocía la institución y que dio esperanzas a los detenidos y a sus familias sobre la posibilidad de que pudieran salir de prisión, según lo relatan ellos mismos en la serie de cuatro capítulos.

Conforme transcurrió el proceso, ese deseo de abandonar la cárcel sí se hizo realidad para Darwin Morales —puesto que la defensa sustentó que el día de los hechos denunciados estaba en otro lugar—, aunque no ocurrió así para Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García. Ellos tres libraron una primera acusación de secuestro en agravio de “GLP”, mas no otra por tentativa de secuestro que presentó el hermano de la víctima, un hombre solamente identificado como “ACP”.

Versiones encontradas

A decir del denunciante, cuando circulaba cerca de una gasolinera del municipio de Macuspana, Héctor le apuntó con una pistola e intentó secuestrarlo. Según su versión, Héctor actuó con apoyo de Juan Luis y Gonzalo. En contraste, Héctor sostiene que fue “ACP” quien chocó con su vehículo, lo encañonó y le disparó en una mano, mientras que Juan Luis y Gonzalo afirman que hasta ese día de 2015 ni siquiera conocían a Héctor.

En las audiencias del caso, de las que el documental reproduce fragmentos, se observa que “ACP” cae en contradicciones. Pese a ello, los tres acusados fueron condenados en primera instancia a tres años de prisión, pero la fiscalía apeló y consiguió que un tribunal de segunda instancia elevara la pena a 50.

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Iker Ibarreche, quien en 2020 asumió la defensa de Héctor, Juan Luis y Gonzalo, explica que en septiembre de ese año presentó un amparo directo en contra de esa sentencia. A la fecha, Ibarreche espera la resolución de un Tribunal Colegiado con sede en Villahermosa, la cual estima que podría producirse entre finales de 2021 e inicios de 2022.

Mientras se da esta nueva decisión, Hernández destaca la labor que encabezó Andrade como el primer abogado que tomó el caso, aunque advierte que la ciudadanía no puede ser dependiente de “héroes”, sino que necesita que el sistema le garantice ejercer el derecho a defenderse y a tener un juicio justo.

“(Andrés Andrade) conoce la bestia desde dentro y decide participar en el documental para exhibir lo que está ahí ocurriendo. A mí me parece que es un acto de rebeldía encomiable. Es profundamente valiente lo que él hizo, yo quisiera que más funcionarios como él rompan filas con un sistema que manipula evidencia, que tortura a las personas, pero no podemos depender de estos actos de heroísmo”, expone.

“Falta arrojar más luz al sistema”

Para Hernández, al igual que el documental Presunto culpable lo hizo en su momento, Duda razonable pone en evidencia las fallas que todavía persisten en las instituciones de seguridad y justicia, a pesar de los avances que observa en la adopción del modelo acusatorio y oral, que fue producto de la reforma constitucional aprobada por el Congreso federal en 2008.

Entre esas mejoras menciona el hecho de que ahora los juicios sean videograbados, algo que permite que haya un registro de lo sucedido, evita que se pierda información y favorece la transparencia.

“Lo que yo siento es que falta profundizar en esa misma lógica. Si pusimos una cámara en los tribunales, ¿por qué no poner una cámara en los ministerios públicos o en los actos de investigación policiales? Lo que ha funcionado es arrojarle algo de luz al sistema y, entonces, en lugar de creer que el sistema no funcionó y que esos cambios no funcionaron, más bien hay que extender la lógica de los cambios que sí funcionaron hacia zonas donde esos cambios no se han aplicado, como los interrogatorios policiales, las filas de reconocimiento o las inspecciones de vehículos”, argumenta.

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Dentro de la misma línea, el abogado Ibarreche señala: “Lo que nos está haciendo falta es evaluar al sistema de manera seria y hacer los ajustes que se tengan que hacer”.

En caso contrario y de que estas correcciones no se produzcan, Hernández advierte que el peligro latente es que las instituciones de justicia sigan sin generar justicia, sino constantes violaciones a los derechos humanos.

“Creo que la mejor síntesis es haber escuchado a Andrés Andrade. Estamos en un riesgo de que se nos acuse de algo que no hicimos o de ser víctimas de un delito. Sales a la calle y te pueden secuestrar o te pueden acusar falsamente de secuestro. Ese es nuestro riesgo nacional”, alerta.