"No es en realidad un recorte presupuestal, sino una falta de asignación de 3,000 millones de pesos que se solicitaron para la tercera etapa de la reforma de justicia laboral (...) que implica construir más sedes para los tribunales y más gastos de operación. Es como si fuéramos a conformar todo un nuevo tribunal del Poder Judicial", expuso.
Asimismo, recordó que la reforma en materia de justicia laboral no es un proyecto del Poder Judicial, sino del Estado mexicano, por lo que este tiene una obligación con los ciudadanos y sus socios internacionales, Canadá y Estados Unidos, con quienes se tiene un nuevo acuerdo comercial.
"El dinero (extra) se pidió para cumplir con el compromiso del Estado mexicano, que tiene que ver con impartir una mejor justicia para los mexicanos, pero además tiene que ver con el cumplimiento de México con sus socios internacionales: EU y Canadá. Entonces, no alcanzo a entender las razones de quienes determinaron el presupuesto para no tomar en cuenta esto", recriminó.
Aun así, Zaldívar afirmó que, aunque no se asignaran los 3,000 millones adicionales, el Poder Judicial no tendría un problema de presupuesto y vería la manera de ejercer mejor los recursos para cumplir con la reforma.
Incluso, dijo tener "plena confianza" en el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la Secretaría de Gobernación (Segob) para buscar alternativas, en caso de que la Cámara apruebe el presupuesto tal como está.
"No vamos a tener ningún problema en materia de presupuesto. Aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados. Y buscaremos alternativas. Pero sí se compromete el cumplimiento de la reforma", enfatizó.
De no asignarse los recursos, se pone en riesgo el cumplimiento de la reforma de justicia laboral".
Arturo Zaldívar, presidente de la Corte
