“Las policías municipales realizan el 85% de las detenciones de personas a las que se instauran causas penales y, sin embargo, somos los que menos recibimos recursos en el sistema de seguridad”, acusó César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, Nuevo León, y militante del PRI.
Cerca de 300 alcaldes acudieron a la Cámara al inicio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, para tratar de que sus propuestas prosperen con apoyo de los diputados de la alianza Va Por México, que integran las bancadas del PAN, del PRI y del PRD.
El plan que impulsan consiste en restituir fondos como los que existían en el Ramo 23, correspondiente a Provisiones Salariales y Económicas, y que el dictamen que será votado tampoco incluye, o ampliar otros que sí tienen recursos y en los que quieren un aumento. Igualmente, buscan ampliar dinero en el Ramo 33, de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Fondo Migrante desparecido.
La mayoría de los fondos reclamados se extinguieron por supuestos casos de corrupción y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los alcaldes señalaron al respecto que esos programas deben restablecerse con reglas claras y transparentes para atender las demandas ciudadanas que se hacen a municipios y alcaldías.
Para el Ramo 23, se piden 22,770 millones de pesos más; para proyectos de infraestructura, 38,424 millones adicionales; para seguridad pública, 10,000 millones; para medio ambiente, 5,483 millones extra, y 1,500 millones para el Fondo Migrante hoy eliminado.
Garza destacó que al cierre de 2021, de los 2,446 ayuntamientos del país, “50% no podrán cubrir obligaciones y caerán en una situación de quiebra operacional, es urgente atender este deterioro que crecerá aún más en 2022, urge rescatar a los municipios de México”.
