La segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2020, el segundo año completo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló al menos 369.3 millones de pesos pendientes de aclaración.
Entre estos se encuentran recursos destinados para acciones de reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018, para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y para la Secretaría de Seguridad, entre otros rubros.
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene un monto de 134.4 millones de pesos (mdp) pendientes de aclaración, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la gestión financiera del Programa Nacional de Reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018.
La revisión encontró intervenciones de vivienda que no se comprobaron y pagos en exceso, entre otras inconsistencias, que derivaron en observaciones por 158.6 mdp; de ellos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 24.2 mdp y se generaron cargas financieras por 597,316.27 pesos. Por ello, 134.4 mdp están pendientes de aclaración.
Entre las irregularidades se encontraron:
La ASF detectó un monto por aclarar de 96.7 mdp por parte de la Secretaría de Bienestar, respecto de uno de los programas insignia del Ejecutivo federal: la pensión para personas con discapacidad permanente.
En general, la Auditoría señaló que "la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia", excepto por algunos aspectos que derivaron en 12 recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones:
La Auditoría detectó inconsistencias en la gestión financiera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), como pagos superiores a los establecidos en la normativa por un monto de 1.2 mdp, falta de documentación comprobatoria en las partidas de previsión social por 3.6 mdp y falta de justificación para el pago de prestaciones por 2.1 mdp.
Asimismo, halló falta de evidencia de entregables por un monto de 3.8 mdp, diferencias determinadas en las conciliaciones mensuales de las inasistencias y reportes de un contrato para el servicio de seguridad y vigilancia de los inmuebles del INBAL por casi 7 mdp, falta de aplicación de penas convencionales por inasistencias en los servicios de vigilancia por 65,800 pesos y pago a un proveedor distinto del contratado por 78,600 pesos.
De la revisión, se detectó que se tiene pendiente de aclarar 88.9 mdp, lo que generó 10 recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y seis pliegos de observaciones.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene un monto por aclarar de más de 49 mdp.
De acuerdo con el informe publicado, se auditaron 390,020 de pesos que la SSPC entregó en pagos relacionados con Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) durante 2020.
La auditoría se realizó a cinco contratos que suscribió la SSPC para que le proporcionaran servicio automatizado de identificación de huellas dactilares, procesamiento y almacenamiento para sistemas administrativos, y licenciamiento para el sistema de identificación biométrica automatizada.
La ASF informó que como parte de las revisiones identificó que se efectuaron pagos por servicios no prestados, pagos para el soporte técnico de terminales remotas que tuvieron un precio más alto que el establecido en el contrato, y la falta de reportes que permitieran medir el avance del cumplimiento de los planes de trabajo, entre otras anomalías.
Con información de Lidia Arista y Ariadna Ortega.
