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La ASF detecta 369.3 mdp por aclarar en pensiones, Conavi, Inbal y SSPC

En la revisión de la Cuenta Pública de 2020, la Auditoría detectó anomalías en diversas instancias y montos millonarios en recursos federales por aclarar.
jue 28 octubre 2021 07:25 PM
Reconstrucción de los edificios de Osa Mayor, afectados durante el sismo de 2017.
Uno de los rubros que revisó la ASF es el de las intervenciones de la Conavi para atender la reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018.

La segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2020, el segundo año completo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló al menos 369.3 millones de pesos pendientes de aclaración.

Entre estos se encuentran recursos destinados para acciones de reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018, para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y para la Secretaría de Seguridad, entre otros rubros.

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Conavi, por aclarar 134.4 mdp para reconstrucción

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene un monto de 134.4 millones de pesos (mdp) pendientes de aclaración, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la gestión financiera del Programa Nacional de Reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018.

La revisión encontró intervenciones de vivienda que no se comprobaron y pagos en exceso, entre otras inconsistencias, que derivaron en observaciones por 158.6 mdp; de ellos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 24.2 mdp y se generaron cargas financieras por 597,316.27 pesos. Por ello, 134.4 mdp están pendientes de aclaración.

Entre las irregularidades se encontraron:

  • En relación con las 12,412 intervenciones de vivienda por 2,040 mdp pesos del presupuesto ejercido en 2020, se constató que 421 de estas, por 129.4 mdp, no se comprobaron.
  • En 16 intervenciones de vivienda hubo pagos en exceso por 1.6 mdp, en cuanto al monto aprobado por el Comité de Financiamiento de la Conavi. Con la intervención de la ASF, la Conavi reintegró a la Tesorería poco más de 1 mdp y quedaron pendientes 600,000.
  • La ASF detectó que el 7 de agosto de 2020 la Conavi celebró cinco convenios de adhesión para revisar el avance en intervenciones, por los que pagó un diferencial de 391.38 pesos por cada verificación de las 11,350 convenidas; esto ascendió a 4.4 mdp sin justificar el incremento de precio.
  • En el transcurso de la auditoría y como resultado de la revisión, la Conavi proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 12 mdp, por un importe no ejercido que no se asignó a beneficiarios del programa y recursos que se pagaron en exceso a dos empleados.
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Pensión, con 96.7 mdp por aclarar

La ASF detectó un monto por aclarar de 96.7 mdp por parte de la Secretaría de Bienestar, respecto de uno de los programas insignia del Ejecutivo federal: la pensión para personas con discapacidad permanente.

En general, la Auditoría señaló que "la Secretaría de Bienestar cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia", excepto por algunos aspectos que derivaron en 12 recomendaciones, una solicitud de aclaración, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones:

  • Se localizaron 5,393 CURP en la base de datos del Renapo con el estatus de "inactivas o no válidas", de beneficiarios a los que se otorgaron apoyos por 77.3 mdp.
  • 1,006 beneficiarios a los que se les otorgaron apoyos por 13.3 mdp carecen de CURP en el padrón de beneficiarios.
  • 142 beneficiarios recibieron pagos adicionales desde uno y hasta seis bimestres, por un total de 882,400 pesos.
  • A 28 beneficiarios se les asignaron dos diferentes ID_Padrón, que corresponden al mismo nombre y/o CURP y/o domicilio, lo que ocasionó que se les otorgaran apoyos duplicados por un monto de 177,900 pesos.
  • A 21 beneficiarios se les otorgaron apoyos por 176,900 pesos pese a que tenían más de 67 años, edad máxima establecida para estar en el programa.
  • A 324 beneficiarios les entregaron apoyos por 2.2 mdp, aunque fallecieron entre febrero y diciembre de 2019, y 662 beneficiarios recibieron apoyos por 2.5 mdp, después de la fecha de su defunción, ocurrida entre enero y agosto del ejercicio fiscal 2020.
  • No se proporcionaron 28 expedientes de beneficiarios seleccionados; además, 140 expedientes carecen de uno o más documentos establecidos.
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Inbal, pendiente de aclarar 88.9 mdp

La Auditoría detectó inconsistencias en la gestión financiera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), como pagos superiores a los establecidos en la normativa por un monto de 1.2 mdp, falta de documentación comprobatoria en las partidas de previsión social por 3.6 mdp y falta de justificación para el pago de prestaciones por 2.1 mdp.

Asimismo, halló falta de evidencia de entregables por un monto de 3.8 mdp, diferencias determinadas en las conciliaciones mensuales de las inasistencias y reportes de un contrato para el servicio de seguridad y vigilancia de los inmuebles del INBAL por casi 7 mdp, falta de aplicación de penas convencionales por inasistencias en los servicios de vigilancia por 65,800 pesos y pago a un proveedor distinto del contratado por 78,600 pesos.

De la revisión, se detectó que se tiene pendiente de aclarar 88.9 mdp, lo que generó 10 recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y seis pliegos de observaciones.

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SSPC, con 49 mdp por aclarar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene un monto por aclarar de más de 49 mdp.

De acuerdo con el informe publicado, se auditaron 390,020 de pesos que la SSPC entregó en pagos relacionados con Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) durante 2020.

La auditoría se realizó a cinco contratos que suscribió la SSPC para que le proporcionaran servicio automatizado de identificación de huellas dactilares, procesamiento y almacenamiento para sistemas administrativos, y licenciamiento para el sistema de identificación biométrica automatizada.

La ASF informó que como parte de las revisiones identificó que se efectuaron pagos por servicios no prestados, pagos para el soporte técnico de terminales remotas que tuvieron un precio más alto que el establecido en el contrato, y la falta de reportes que permitieran medir el avance del cumplimiento de los planes de trabajo, entre otras anomalías.

Con información de Lidia Arista y Ariadna Ortega.

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