La ASF encontró estas inconsistencias en cédulas y títulos emitidos por la SEP

Por ello, la ASF precisó que esta dependencia, "no dispuso de parámetros para evaluar su oportunidad".

De acuerdo con el informe de la ASF, la SEP registró además 29,588 solicitudes de expedición de cédulas sin aclarar el origen ni su correspondencia con las cédulas emitidas, ni con las 19,499 solicitudes identificadas para el procedimiento híbrido, lo que evidenció áreas de mejora en el procesamiento de información”.

305,333 títulos y cédulas profesionales, en duda

La ASF apuntó que los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2020, la SEP no dispuso de un marco normativo congruente, pertinente ni actualizado para regular las actividades del registro de títulos y expedición de cédulas profesionales con efecto de patente.

En cuanto la solicitud de registro de títulos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente, la ASF identificó que la SEP contó con dos procedimientos, uno para los títulos expedidos de forma física antes del 1 de octubre de 2018, el cual, por la interrupción de procedimientos presenciales por la pandemia de COVID-19, se convirtió en un procedimiento híbrido, y el segundo, en línea para los títulos que se emitieron de forma electrónica, después de esa fecha.

Te puede interesar:

Desempleo afecta a jóvenes de la CDMX: 126 mil desocupados de 15 a 29 años La desocupación entre los jóvenes de la capital incrementó en especial entre los más jóvenes de 15 a 19 años, donde aumentó a más del doble de abril a junio de 2021 contra julio a septiembre de 2020.

La SEP acreditó el registro de 305,033 procedimientos iniciados por los egresados para la expedición de cédulas profesionales en educación superior, de los cuales 282,523 (92.5%) se realizaron conforme al procedimiento electrónico o en línea y 22,810 (7.5%) mediante el presencial, híbrido o a distancia.

Además, de esos 22,810 registros, en la modalidad presencial, híbrida o a distancia, 19,869 (87.1%) se realizaron dentro del plazo de tres meses establecido en la normativa, mientras que 2,941 (12.9%) excedieron dicho plazo, el cual osciló entre 91 y 2,471 días de desfase para su registro; además, según se apunta, la dependencia educativa no dispuso de información respecto del momento en que las instituciones educativas incorporan el título al sistema electrónico y el inicio del procedimiento de expedición de la cédula, ni de término para la inclusión en la base de datos de los 282,523 títulos electrónicos faltantes, lo que limitó analizar el tiempo desde que se ingresa una solicitud de registro hasta que se culmina, a fin de evaluar la oportunidad en la atención del procedimiento electrónico.

La ASF resaltó además que la Secretaría de Educación no logró acreditar ni justificar la falta de información de 282,523 procesos de autenticidad y dictaminación respecto de los 305,333 registros títulos del nivel superior, "lo que denota áreas de mejora en los sistemas de información para obtener y procesar apropiadamente los datos para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad".

Apuntado finalmente que "si bien se identificaron avances en los procesos de inscripción de títulos profesionales, se deben atender las áreas de mejora detectadas, a fin de perfeccionar los procesos evaluados".

Otros irregularidades que la ASF detectó

• La SEP evidenció áreas de mejora en el procesamiento de información y careció de disposiciones para identificar los criterios, los mecanismos de control y las fases de los procesos de autenticación y dictaminación.
• La SEP no acreditó la implementación de mecanismos de coordinación con las entidades federativas para uniformar las normas a las que debe sujetarse respecto a la emisión de cédulas y títulos profesionales.
• Si bien la ASF reconoció avances en el proceso de expedición de cédulas profesionales electrónicas, apuntó, deben fortalecerse los mecanismos implementados por la SEP en materia, para garantizar que se lleve a cabo un proceso de mejora continua que evite poner en riesgo la capacidad de la dependencia, para contribuir a que los profesionistas cuenten, de forma oportuna, con un registro que les permita ejercer su profesión en un marco legal y certeza jurídica.