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Consulta sobre el Pacto Fiscal en Jalisco, un fin más político que económico

Economistas coinciden en la visión de que el gobernador Enrique Alfaro busca propiciar el escenario para negociar con la la Federación más recursos para 2022.
lun 18 octubre 2021 06:30 AM
Enrique Alfaro
A instancias de Enrique Alfaro, mandatario estatal, en Jalisco se organiza una consulta ciudadana sobre la Ley de Coordinación Fiscal.

La intención del gobierno de Jalisco de someter a consulta ciudadana la ley de coordinación fiscal es un asunto más político que económico, de cara a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, explican economistas.

Durante varios meses, gobernadores de oposición han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que se revise la ley de Coordinación Fiscal al considerar que hay un reparto injusto de los recursos a los estados. El titular de Ejecutivo federal recomendó a los mandatarios estatales que consultaran a sus gobernados para saber si estaban de acuerdo o no en que se modificara la fórmula.

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En cuestión de horas, algunos mandatarios aprovecharon sus eventos públicos para preguntarles a los ciudadanos si estaban o no a favor de que se modificara la forma en cómo se reparten los recursos públicos.

Pero Jalisco fue más allá. El gobierno del estado impulsa una consulta ciudadana para preguntar a sus gobernados: "¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal, y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal?".

Para Mario Campa, economista y especialista en política pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), la consulta que se realizará del 20 de noviembre al 12 de diciembre, tiene un propósito político.

“Tiene más que ver con una cuestión política, de negociaciones en el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, de buscar obtener más concesiones del gobierno federal”, advierte.

El argumento del gobernador Enrique Alfaro para realizar la consulta ciudadana es que desde la Federación existe una distribución desigual de los recursos. De cada 100 pesos de la Federación, ocho proceden de Jalisco, pero esa entidad solo recibe de regreso dos.

Campa explica que el Pacto Fiscal no trata mal a Jalisco, por lo que tiene menos argumentos que entidades como la Ciudad de México o Nuevo León para pedir una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal.

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“En Nuevo León o los estados productores de petróleo tienen un poquito más de argumentos para cuestionar el pacto fiscal, pero Jalisco no. Jalisco no tiene puertos tan importantes como otros estados. Jalisco no tiene petróleo, no tiene aduanas en la frontera; entonces lo que obtiene del pacto fiscal es benevolente”, sostiene.

De acuerdo con el economista, los ingresos propios de Jalisco son bajos respecto a otras entidades que tienen mejores niveles de recaudación, lo que propicia que nueve de cada 10 pesos con los que cuenta el estado provienen de la Federación.

Margarita Palomino, especialista en Derecho fiscal y catedrática del ITESM, afirma que la Ley de Coordinación Fiscal es una especie de pacto de solidaridad entre estados en la que los estados más favorecidos ayudan a los menos favorecidos.

“Hay unos estados que por su naturaleza, su producción y desarrollo tienen más ingresos y aportan más a la federación, pero que estos recursos son necesarios que se compartan con los pequeños estados que no cuentan con tantos ingresos porque no tienen infraestructura, empresas. Es un acto solidario entre estados”, destaca.

Los estados reciben recursos a través de dos vías:

  • Ingresos propios: a través de ejercer sus facultades tributarias.
  • Transferencias federales: ingresos que el gobierno federal les transfiere.
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¿Cuánto aportan los estados al PIB nacional?

El presidente López Obrador ha asegurado que la federación entrega los recursos a cada estado a través de una fórmula, la cual –anotó– fue modificada en 2007 para favorecer a estados con mayor población.

“Mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno federal han venido disminuyendo las transferencias a las entidades, nosotros no lo podemos disminuir. Primero, esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la última reforma relevante fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del Pacto Fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, sino de una reforma que se realizó hace 13 años”, precisó.

López Obrador ha recomendado a los estados poner en marcha una política de austeridad que permita que los recursos les alcancen y en la que prioricen el pago de nóminas y la construcción de obras.

Estados tienen en sus manos la posibilidad de más recursos

Margarita Palomino explica que los estados tienen en sus manos la oportunidad de tener más recursos; sin embargo, para ello necesitan empezar a recaudar, pero como el cobro de impuestos suele ser poco popular entre los gobernados, los mandatarios optan por no hacerlo.

“No hay el ánimo de eficientar la recaudación. Lo que se está planteando es ‘Estado, dame más dinero, te estiro la mano’; pero no, no se puede trabajar así”, sostiene.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) , los estados solo generan el 12% de sus ingresos.

Los estados tienen facultades de cobrar hasta 18 tipos de impuestos; sin embargo, en promedio solo recaudan seis.

Los impuestos que más recaudan las entidades federativas son:

· Nómina
· Hospedaje
· Loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos
· Tenencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso propuso etiquetarles un nuevo recurso a los estados.

El fin de semana firmó un acuerdo para regularizar los autos chocolate. Los propietarios de un vehículo que entró al país de forma irregular deberán pagar una cuota para legalizar su automóvil. El dinero que se recaude, se quedará en las entidades federativas, las cuales deberán ocupar esos recursos en acciones de bacheo.

Margarita Palomino sostiene que a los estados se les pueden entregar más recursos, pero para ello debe establecerse un plan que premie a los estados por su buen desempeño.

“Es posible que revisemos el Fondo General de Participaciones para que la distribución que se hace de 80%- 20% pueda mejorarse en función de la eficiencia de la recaudación de cada entidad, porque no se pueden dar recursos sin que haya resultados como desarrollo, transparencia y freno a la corrupción”, destaca.

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