Documentos y alianzas atan al PRI para un eventual apoyo a la reforma eléctrica

Si el PRI decide acompañar la reforma eléctrica, impulsada por el presidente López Obrador, el partido tendrá ocasión de modificar y hacer acordes sus documentos básicos en la nueva Asamblea Nacional Ordinaria, la número XXIII, que la dirigencia tricolor adelantó de febrero de 2022 a diciembre próximo.

El cierre se prevé el 11 de diciembre, de manera coincidente con la fecha que el mismo dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fijó como tentativa para concluir el parlamento abierto en materia eléctrica y definir el sentido de su voto en la Cámara de Diputados.

El líder priista señaló que está garantizado el “bloque monolítico” de la bancada del PRI, en el sentido en el que se decida, y calificó de rumores la supuesta desbandada o inconformidad interna por el tema eléctrico.

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Aún con una eventual reforma a sus documentos, el PRI deberá retirar su firma de la “Coalición Legislativa Va por México”, que el dirigente Moreno Cárdenas suscribió con los presidentes del PAN, Marko Cortés, y con el del PRD, Jesús Zambrano, en un evento público que realizaron el 24 de mayo.

“Votaré en favor de mandatar el cierre de refinerías y plantas termoeléctricas de carbón que generan más valor al país cerradas que operando”, firmó el líder del tricolor en la página 12 de ese documento.

En éste también se ofreció votar en contra de lo que inhiba la generación de energías limpias o se reduzca la participación privada en su generación.

El PRI, atado a 5 documentos

Cinco documentos limitan al PRI a irse por la libre en materia eléctrica: su Declaración de Principios, su programa de Acción, la Plataforma Electoral 2021 que ofreció a sus electores para competir en 149 distritos; la Plataforma de la Coalición Va por México, para ir junto con PAN y PRD en 151 distritos más, y la “Agenda Legislativa” la Coalición, firmada en mayo.

El PRI ofrece en su Declaración de Principios, impulsar “la mitigación del cambio climático” y “el desarrollo de fuentes alternas de energía renovable”, además de una economía de mercados “flexibles y competitivos” y “garantías para la inversión y el crecimiento económico”, según se expone en las páginas 5,6, 9 y 16.

Pero el tricolor fue más contundente en su Programa de Acción, pues en su página 13 hace una defensa de la reforma de Enrique Peña Nieto:

“Sin comprometer la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, emprendimos una profunda reforma energética que nos permitiera atraer capital para incrementar la producción (...) comenzar la transición hacia una economía baja en carbono como la sustitución de insumos en la producción de electricidad, la subasta de energías limpias y la emisión de certificados de carbono”.

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También se impuso líneas de acción para conseguir sus objetivos. En la número 75, la promoción de la participación en proyectos públicos, privados y mixtos de infraestructura.

Y en la número 78, la “implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS)” y el impulso a la “instrumentación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático”.

Además de estos dos documentos que son de cumplimiento obligatorio para el PRI, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ese partido registró dos plataformas electorales.

La Plataforma, registrada solo por el PRI, plantea en su página 62 que “es necesario consolidar la reforma energética (de Peña Nieto) para impulsar la inversión de energías sostenibles" y hace una crítica a la política de López Obrador en la materia.

“El gobierno de México no postula un claro compromiso para combatir el cambio climático, pues en Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se carece de referencias al respecto y tanto los pronunciamientos presidenciales como las acciones de gobierno, no hacen alusión, ni incorporan políticas públicas hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono”, critica en la página 34.

Como coalición, los tres partidos ofrecieron “fortalecer los órganos constitucionales autónomos, así como la autonomía de los órganos reguladores del Estado mexicano, tanto en su funcionamiento como en la idoneidad de sus integrantes, para garantizar que cuenten con el perfil adecuado y que gocen de total independencia frente al Poder Ejecutivo y los partidos”.

En contraste, la iniciativa presidencial plantea eliminar dos organismos de ese tipo: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Pero además de esos compromisos, el 24 de mayo, poco antes de las elecciones del 6 de junio, los presidentes nacionales de la Coalición Va por México, Cortés del PAN, Moreno del PRI y Zambrano del PRD, prometieron una coalición legislativa con 10 puntos, que se mantendría durante los tres años de la 65 Legislatura.

El documento planteó en su punto 9, sobre cuidado del medio ambiente, trabajar para “recuperar la transición hacia energías limpias y renovables en cumplimiento al Acuerdo de París y la Agenda 2030”.

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También suscribió el compromiso “votaré en favor de mandatar el cierre de refinerías y plantas termoeléctricas de carbón que generan más valor al país cerradas que operando”.

E incluso, en el punto 28, los tres partidos ofrecieron trabajar “votando en contra de cualquier cambio legislativo que inhiba la oferta de energías limpias, y que excluya a la iniciativa privada de las actividades de generación”.

“Para ser congruente con mi compromiso: Legislaré la creación de una instancia ciudadana facultada para vigilar que al año 2024 se avance lo necesario para cumplir con los Acuerdos de París de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de carbón negro en 22% y 51% al año 2030”, suscribieron los aliancistas, cuya coalición está ahora en vilo.