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Los 31 científicos acusados de delincuencia organizada suman más adeptos

La FGR pretende llevarlos a los tribunales, por tercera ocasión, mientras que para ellos, crece el apoyo de catedráticos, estudiantes, legisladores, la jefa de Gobierno y la oposición.
mar 28 septiembre 2021 05:04 PM
científicos acusados conacyt
Gertz Manero, fiscal general de la República, mantiene una acusación en contra de 31 científicos del Conacyt por supuestos delitos cometidos el sexenio pasado. María Elena Álvarez Buylla está a cargo del consejo en la presente administración.

Al tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará por tercera ocasión, llevar a los tribunales a 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se han multiplicado los apoyos a favor de ellos, surgidos no solo de la propia comunidad científica, académica y estudiantil, sino de legisladores y funcionarios públicos.

Y es que la FGR, investiga a los científicos, exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), una asociación civil formada con el auspicio de ese consejo, por presuntos delitos patrimoniales en contra del erario público.

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La FGR intenta fincar los delitos de uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los científicos han rechazado tales acusaciones al calificarlas de “sorprendentes e infundadas” e insistido en que todos los recursos que recibieron han sido transparentados.

Pero, ¿cómo se inició la denuncia?

Según la FGR, los científicos, exintegrantes del Foro Consultivo del Conacyt en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, recibieron más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al Conacyt.

La denuncia fue formalizada luego de que, en 2019, el Conacyt denunció ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que el presupuesto otorgado excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Ello, al utilizarse para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, así como para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros.

El 22 de septiembre, tras lo que definió como una “filtración a los medios”, la FGR informó que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negó las órdenes de aprehensión que solicitó contra el grupo de 31 académicos y exfuncionarios del referido Foro Consultivo.

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Dos días antes -el 20 de septiembre-, el columnista Raymundo Riva Palacio adelantó que:

“(el Fiscal Alejandro) Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada".

Además, señaló que “el fiscal partió de una denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que tiene sus propias fobias contra la comunidad científica, por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, que Gertz Manero decidió escalar para refundirlos en Almoloya”.

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Niega juez orden de aprehensión

La negativa del juez de distrito a esa primera denuncia –presentada el 24 de agosto- obedeció a que no había asidero legal para tales acusaciones, toda vez que los recursos que en su momento recibió el Fondo, se otorgaron al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología, tal y como lo señalaba el propio estatuto del consejo, en ese momento.

Sin embargo, la fiscalía dijo que “ese criterio no es aceptable (…) ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica” que rige a esta institución y que son obligatorias para ellos.

Además, precisó que las normas internas “no permiten (…) que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada” y obtenga sus fondos, beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.

Segunda solicitud de orden de aprehensión

La fiscalía informó que, al no coincidir con el criterio de juez de negar las órdenes de aprehensión, “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

En la denuncia, se acusa al grupo de personas de haber encabezado comités mediante los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC.

Sin embargo, un juez federal de control del Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, rechazó por segunda ocasión, conceder las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos.

La FGR dijo que insistirá una tercera vez. El fiscal especializado en delincuencia organizada sostuvo que no es un ataque en contra de la comunidad científica y que hay evidencia del presunto desvío recursos del Foro Consultivo.

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AMLO entra a la polémica

En medio de la polémica que implicaría llevar a la cárcel a 31 investigadores y exfuncionarios del Conacyt, el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusó de realizar malos manejos de los recursos.

Y es que, durante la mañanera del 24 de septiembre, el Ejecutivo federal presentó parte del informe que le envió la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Bullya, en el que dijo, se da cuenta de los malos manejos de los recursos públicos entre que recibieron entre 2002 y 2018 científicos que son parte del Foro Consultivo.

Además, indicó que durante 16 años, el grupo de científicos recibió 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y otros 471 millones más para cubrir gastos de operación, en tanto que con parte de los recursos se pagaron "restaurantes de lujo e incluso adquirieron una propiedad en Coyoacán".

Acot´ó que "parte de esos recursos se utilizaron para choferes, servicio de telefonía celular, compra de bocadillos, salarios para alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero".

López Obrador argumentó que “era un grupo predilecto de régimen anterior, y entonces como ya no se puede mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos”.

Titular de Conacyt se defiende

“No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie”, respondió la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, al ser cuestionada sobre la denuncia contra 31 científicos.

La científica acudió, el 23 de septiembre, al inicio de las operaciones del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, encabezado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, donde dijo desconocer el caso.

“Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”, anotó ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación asistentes al evento.

“No somos una empresa privada”

Dados los señalamientos “sorprendentes e infundados” de la FGR, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, aseguró que todas sus cuentas ante Conacyt se han presentado en tiempo.

En una carta pública, José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga rechazaron que el foro sea una empresa privada, como lo señala la FGR.

Recordaron que la organización fue creada por mandato de ley en 2002, con el fin de dar un espacio a opiniones de la comunidad científica, académica, tecnológica y productiva, para formular propuestas de políticas públicas y programas de investigación y desarrollo.

Argumentaron que, por esa razón, el Conacyt debía otorgarle apoyos para financiar sus tareas, lo que incluía gastos en traslados y estancias para reuniones de trabajo.

Los excoordinadores del Foro indicaron que el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Conacyt estableció que este se constituiría como asociación civil y así se mantuvo hasta diciembre de 2019, cuando se modificó el propio estatuto.

Precisaron que la actual administración del Conacyt "buscó desconocer la autonomía legal de este ente jurídico (el foro) pese la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología".

Además, indicaron que, a partir de junio de 2019, el Conacyt incumplió con darle financiamiento, por lo que la asociación promovió un amparo.

Ganan amparo

El 20 de enero del 2020, el juzgado décimosexto de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió conceder el amparo al Foro Consultivo y ordenó que el Conacyt le entregue recursos económicos suficientes para garantizar su operación permanente para el desarrollo de sus funciones.

Los recursos deberán ser entregados bajo los parámetros y criterios con los que se han entregado desde 2002 hasta 2019, año en el que las autoridades del consejo desconocieron su obligación legal de dotar de recursos al Foro.

Además, en dicha sentencia, el juez federal ordenó al consejo entregar los recursos económicos suficientes para garantizar que el foro esté en posibilidad de llevar a cabo su programa de actividades y aquellas funciones de carácter institucional, según las facultades que le otorga la normatividad vigente en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Se multiplican los apoyos

Tras conocerse la denuncia de la fiscalía en contra del grupo de científicos, la comunidad científica, académica, estudiantil, el Colegio de Médicos, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, así como la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, les han manifestado abiertamente su respaldo y cuestionado la decisión de llevarlos a la cárcel.

Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se manifestó por la correcta aplicación de la justicia y que se mantendría atento del desarrollo de estos acontecimientos.

“La UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía, con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Estaremos atentos y comprometidos en ello”, comentó el 22 de septiembre.

Y es que ese mismo día, en una carta firmada por 614 catedráticos de la Universidad de Nuevo México, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana también rechazaron las acciones emprendidas contra los 31 científicos.

“Su supuesto delito según la FGR, fue la entrega ordinaria de recursos que provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación ...".
Carta firmada por investigadores del Cinvestav, la UIA y la UAM.

Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia del 17 agosto de este año (MI/SS/D/9941/2021), concluyó que fue legal que el Conacyt hubiera otorgado recursos públicos al Foro Consultivo para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020.

El 23 de septiembre, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, definió como “un exceso” acusar a 31 científicos por el delito de delincuencia organizada y solicitar a un juez órdenes de aprehensión en su contra.

“No sé qué uso del recurso hubo. No tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. Y, en todo caso, pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, acuérdense que… pues es un exceso”, señaló a pregunta expresa.

También este asunto escaló hasta la Cámara de Senadores, donde Morena y la oposición respaldaron a los 31 investigadores. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática solicitaron la comparecencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por este caso.

Al mismo tiempo, le pidieron cesar “la persecución” en contra de los científicos, mientras que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, convocó a la “moderación y la prudencia” en este asunto, en aras de no crear “una mayor crispación social”.

El 25 de septiembre, estudiantes y académicos de El Colegio de México (Colmex) y del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) reprobaron las acciones de la FGR en contra de 31 científicos, investigadores y exfuncionarios del Conacyt, y urgieron al desistimiento de las acusaciones en su contra.

En un pronunciamiento, la comunidad del Colmex reclamó lo que consideró uso faccioso de las instituciones, luego de los señalamientos de la FGR y de la actual administración del Conacyt al grupo de figuras públicas en cuestión.

Un día después, los colegios de médicos de México se sumaron a ese rechazo de persecución de que son objetos 31 integrantes de la comunidad científica y denunciaron la violación a la presunción de inocencia.

Para los médicos, es desproporcionada la orden de aprehensión en contra del grupo de científicos, sobre todo, cuando México “no se distingue a nivel mundial por tener investigación efectiva”.

La noche del miércoles 29 de septiembre, el consejo académico de El Colegio de México difundió un pronunciamiento en el que también se suma al apoyo.

Ese consejo manifiesta preocupación porque se generen estigmas y "falsas impresiones" del quehacer de los académicos mexicanos.

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