En medio de la calificación electoral, estalla crisis en el Tribunal

La petición que realizó De la Mata Pizaña contó con el respaldó de sus pares Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.

Vargas advirtió por su parte que “no renunciaría y acusó “golpe de estado”. Además, decretó un receso del cual ya no regresó, hasta horas después.

Tras conocer su destitución, Vargaz informó que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que intervenga en el conflicto y anunció que presentará una controversia constitucional.

Con ello busca que la Corte se pronuncie sobre si fue legal o no la sesión en la que se aprobó por unanimidad su remoción como presidente del TEPJF y se designó al también magistrado Reyes Rodríguez al frente del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.

Vargas Valdez asegura que su destitución no tiene validez jurídica y llama al diálogo para evitar una crisis constitucional.

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La crisis que vive la instancia judicial llegó hasta la "mañanera" de este jueves: el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la crisis que vive el Tribunal e incluso denunció a Reyes Mondragón por “insultarlo”.

"Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE (Instituto Nacional Electoral) como el Tribunal Electoral”, planteó el Jefe del Ejecutivo y añadió:

“Me enteré ayer que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente (Vargas), y resulta que el presidente que eligieron (Rodríguez) en una ocasión me insultó", añadió ante los medios de comunicación.

En este contexto, presentó un mensaje en Twitter el cuál atribuyó al recién electo presidente del TEPJF, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quién ya presentó una denuncia en octubre de 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR) “contra quién resulte responsable”.

Tres presidentes en una sola sesión

Durante la sesión pública que inició pasada las 13:00 horas de este miércoles, la Sala Superior vivió un momento inédito al contar con tres presidentes en un lapso de seis horas:

Vargas Valdez, quien encabezó los primeros minutos de la sesión; la magistrada decana, Janine Otálora, quien asumió la presidencia por ministerio de ley ,y el electo titular de ese órgano jurisdiccional, Reyes Rodríguez.

Previo a reanudar la sesión, los magistrados firmaron un oficio en el que pedían al aún presidente de la Sala Superior reanudar la sesión en un plazo de 15 minutos, lo cual no sucedió.

La destitución de Vargas se dio con fundamento en el Artículo 180, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del TEPJF”.

Los magistrados argumentaron que incumplió durante su mandato con diversas obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, tales como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de los asuntos.

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Además –señalaron–, por el diferimiento de las sesiones sin razón justificada, faltas de respecto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, suspensión de la realización del Foro “La Calificación de las Elecciones 2020-2021” y cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales.

Otros de los agravios que, de acuerdo con los magistrados, incurrió el ahora extitular de la Sala Superior, son su negativa de someter a temas de discusión la remoción del Secretario y la Subsecretaria General de Acuerdos del TEPJF, presunta aplicación forzosa del polígrafo y, en su caso, despido injustificado del personal administrativo.

“El Pleno de la Sala Superior decidió nombrar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo presidente del TEPJF a fin de salvaguardar la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano jurisdiccional”, apuntaron los magistrados.

En su primero discurso como presidente de la Sala Superior, Rodríguez Mondragón destacó la independencia judicial como sostén institucional.

“Con legitimidad, la ciudadanía exige jueces y tribunales, independientes e imparciales, que garanticen el ejercicio de los derechos políticos-electorales, y que sean pilar de la democratización del país”, expresó.

Del 1 de noviembre de 1996 al 5 de agosto, la Sala Superior del TEPJF ha recibido 99,646 asuntos.

En el 2020 se presentaron 11,602 y en este año 3,590, de los cuales 358 aún están en sustanciación, derivado de las elecciones del 6 de junio, según la página oficial del Tribunal.

Cuatro presidentes del TEPJF durante la administración de AMLO

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sala Superior del TEPJF ha tenido cuatro presidentes: Janine Otálora (2026-2019); Felipe Fuentes Barrera (2019-2020), José Luis Vargas Valdez (2020-2021) y Reyes Rodríguez Mondragón.

Desde hace 25 años, contó en la presidencia con el magistrado José Luis de la Peza (1996 – 2000), José Fernando Ojesto Martínez Porcayo (2000 – 2004), Eloy Fuentes Cerda (2004 – 2005) y Leonel Castillo González (2005 – 2006).

Además de Flavio Galván Rivera (2006 – 2007), María del Carmen Alanís Figueroa (2007 – 2011), José Alejandro Luna Ramos (2011 – 2015) y Constancio Carrasco Daza (2015 – 2016).

Una vez que el magistrado José Luis Vargas Valdez presente la controversia constitucional, tocará a la Corte pronunciarse si fue legal o no su destitución y el nombramiento de su sucesor.

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Zaldívar también ha opinado sobre el TEPJF

En julio pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso otorgar a este organismo facultades constitucionales para encargarse de la “disciplina y vigilancia” del Tribunal Electoral.

De acuerdo al también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el objetivo es combatir abusos, corrupción e impunidad al interior de este órgano jurisdiccional.

Con ello, Zaldívar habló por primera vez sobre el Tribunal Electoral, tras la denuncia en contra de Vargas Valdez por presunto enriquecimiento ilícito.

“El CJF no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el TEPJF. Es una anomalía en el diseño institucional que debe corregirse si se quiere un combate serio de los abusos, la corrupción y la impunidad”, escribió el presidente de la Corte en su cuenta oficial de Twitter.

Investigación contra Vargas Valdez

Las tensiones en el TEPJF se generaron días después de que Vargas enfrentara nuevos cuestionamientos, a raíz de que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir una investigación en su contra por posible enriquecimiento ilícito.

Los hechos iniciaron en febrero de 2020, cuando la UIF lo denunció tras identificar que entre 2013 y 2017 presuntamente cuadriplicó sus ingresos, además de que recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales e hizo manejos millonarios en tarjetas de crédito.

Para el 15 de junio de este año, la fiscalía estimó que a 16 meses de iniciada la indagatoria, no había evidencias de delito de enriquecimiento ilícito por lo que se propuso la determinación de ejercicio de la no acción penal en contra del magistrado.

Posteriormente, el 19 de julio, la UIF señaló que, a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales, fue consultada la propuesta hecha por el Ministerio Público.

"Por tal motivo, y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad (UIF) impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México", señaló la UIF.

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Sobre esas acusaciones, el magistrado presidente Vargas Valdez dijo: “Quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepciones con mis erogaciones”.

Incluso, destacó que no tenía conocimiento de que la UIF ha cuestionado la determinación de la FGR, interponiendo un recurso.

“Independientemente de si dicha Unidad tiene facultades para ello, afirmo categóricamente que el no ejercicio de acción penal está debidamente sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no he cometido delito alguno. Estaré atento al llamado de cualquier autoridad con el fin de emitir los posicionamientos que a mi derecho convenga”, argumentó.

La reapertura de las indagaciones en contra del magistrado José Luis Varga se dará por orden del juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, según confirmó el magistrado el 30 de julio, al reiterar su disposición para colaborar con el Ministerio Público federal en estas indagatorias.

Vargas sostiene que todo su patrimonio tiene un origen legal y ha dicho que no litigará este conflicto en medios de comunicación, sino en los juzgados correspondientes.