Si se realizara un semáforo de riesgo por trata de personas en sus diferentes modalidades, todo México estaría en rojo. Y si los casos se mostraran en gráficas, se observaría un pico máximo en 2020.
Organizaciones civiles alertan sobre la situación y advierten que en este gobierno no hay información actualizada y se ve una regresión en el abordaje del problema.
"En este gobierno hay un retroceso en el reconocimiento del tema de trata (...) No hay un interés real de entenderlo, de entender qué se hace desde México y, por tanto, no hay un impacto satisfactorio en cuanto a las políticas públicas. Lo que falta es que haya un hilo conductor", dice a Expansión Política Mónica Salazar, directora de la asociación Dignificando el Trabajo.
La activista señala que este retroceso por parte del gobierno puede explicarse a través de cinco aspectos:
En este contexto, México llega al Día Mundial contra la Trata —declarado por la ONU en 2013— con un aumento del delito del 32.5% de 2015 a 2020, según un informe de Hispanics in Philanthropy (HIP) .
Según los datos, México pasó de 415 víctimas de trata en 2015 a 550 en 2020, siendo esta la cifra más alta en la historia reciente del país. De 2016 a 2018, los promedios eran de poco más de 300 casos; el aumento comenzó a verse a partir de 2019 (544).
En esos cinco años, el país tuvo un total de 2,583 víctimas de trata, y tan solo en primer cuatrimestre de 2021 se reportaron 219 casos.
Sin embargo, esto es solo una estimación a partir del informe realizado por más de 90 organizaciones civiles con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pues se considera que hay una cifra negra de casos no registrados.
"En 2024 es el cambio de gobierno, y es preocupante porque en los anteriores regímenes sí había una atención al tema, un posicionamiento, tal vez las acciones no eran las esperadas, pero estaban las bases que nos daban a entender que por lo menos el tema iba a estar sobre la mesa de la agenda pública; actualmente, ni siquiera llegamos a eso", señala en entrevista el investigador social Francisco Ontiveros.
Las únicas cifras oficiales proporcionadas por el gobierno federal muestran que existe un incremento paulatino pero considerable de la trata en todas las entidades federativas.
Según el reporte de HIP, el número de estados con presencia de este crimen pasó de 18 en 2017 a 25 en 2021.
El foco principal es la región centro, que abarca a la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo. Todos suman 1,309 víctimas de trata de 2015 a los primeros cuatro meses de 2021.
Si bien esta región ha sido identificada públicamente como origen y destino de víctimas de trata, se tiene a Hidalgo como el "estado de enganche, tránsito y destino".
La otra región que preocupa a las organizaciones es el norte (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas), por ser una de las más dinámicas debido a su frontera con Estados Unidos y las políticas migratorias, por lo que converge un vínculo estrecho entre el tráfico de personas y la trata.
Esta zona del país registra 648 víctimas de trata de 2015 a 2021. Además, durante la presentación del informe, la investigadora Zulema Escalante enfatizó que es "preocupante" el incremento en los estados de Baja California y Nuevo León.
La situación de trata en la región del Bajío (Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Nayarit) está más relacionada con la mano de obra migrante y la precarización laboral. Esta zona reporta 216 víctimas en poco más de cinco años.
"Se identificó la presencia de trata de personas en todos los estados de esta región, como zonas de enganche, tránsito y destino, con excepción de Colima", indica el informe.
Por último, la región sur (Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero) no es ajena a la trata de personas: de 2015 a los primeros meses de 2021 reportó 629 víctimas.
En esta parte del país se detectó un incremento de "riesgo y presencia de trata" en seis municipios, entre ellos, Cancún, Xalapa y Oaxaca capital, ubicados como zonas de enganche, tránsito y explotación.
"Las redes de trata se van adecuando a las situaciones de contexto nacional. Hubo aumentos considerables relacionados con situaciones de violencia, de desarrollo del crimen organizado, de profundización de la pobreza, de concentración de la migración en los puntos norte y sur", expuso Escalante.
Incluso, refirió que, por ejemplo, en la pandemia y con el cierre de centros nocturnos, se abrieron espacios en casas particulares para la explotación de personas.
Salazar enfatiza que la trata no solo tiene fines de explotación sexual, sino que abarca múltiples modalidades y a cualquier grupo poblacional: migrantes, indígenas, personas LGBT+, niñas y niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores...
Incluso, menciona que ha visto un incremento en el tema de trabajo forzoso con víctimas masculinas, o una niñez que es cada vez más cooptada por el crimen organizado para distintas finalidades.
También está el hecho de que la precarización laboral está empezando a jugar un factor para que haya una mayor motivación de enganche por parte de tratantes.
"Las acciones preventivas para este delito tienen que ver más con prácticas culturales y con aproximaciones sociales que con la propia configuración y castigo del delito", explica.
Parte de lo que hace falta en México en el tema de trata es que comprendan el propio delito".
Ontiveros señala que en México el tema de trata es uno de los que más se pierden en cualquier agenda de Estado, y quizás una de las razones es porque se maneja bajo una "cultura patriarcal".
"El gobierno no entiende los propios elementos culturales que acompañan el tema de trata, como la precarización o la violencia de género. Además, se tiene a funcionarios con cierto ideal o criterios, pero no a los más capaces para hacer los diagnósticos, y se necesitan esos diagnósticos para intentar comprender la complejidad del problema".
En este sentido, reconoce que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) atiende el tema por la vía de la búsqueda de dinero y flujo capital, pero esto no es suficiente porque el delito es estructural.
"Si es que el tema de trata se está abordando en el actual gobierno, no se está haciendo desde una visión de seguridad, y mucho menos desde una visión social y cultural", advierte.
Para tener políticas públicas adecuadas, es fundamental entender la complejidad que tiene cada región y el propio patriarcado".
