Además, los legisladores modificaron las leyes de Víctimas y de Salud para generar un nuevo marco normativo para las mujeres en la circunstancia del aborto.
La sesión de los diputados bajacalifornianos, la tarde del 29 de octubre, se inició con la discusión de una reforma al artículo séptimo de la Constitución del estado para reformar la ley que protege la vida desde su concepción, pero fue rechazada. Después, se dio paso al debate del dictamen de la modificación del código penal.
La decisión del máximo tribunal del país
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 7 de septiembre pasado declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila cuando mujeres y personas gestantes decidan interrumpir su embarazo.
Con esto se marca un precedente para el país, pues es la primera vez que se resuelve sobre la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo, y no necesariamente bajo las causales de violación o riesgo a la salud. También es la primera vez que se reconoce otras identidades, al incluir el término "personas gestantes".
El fallo de la Corte abre la puerta para discutir los códigos penales de otros estados que criminalizan el aborto, y obliga a Coahuila a modificar su código penal para eliminar las condenas de cárcel a las personas que deciden interrumpir su embarazo.
De esta manera, Coahuila se sumará a Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México, estados en los que ya se despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, sin importar las causas o motivos de esta decisión.
¿Qué dice la ley sobre el aborto en México?
En 2008, la SCJN declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, en el entonces Distrito Federal.
El 24 de marzo de 2016 fue publicada la NOM-046, en el Diario Oficial de la Federación que estableció que en caso de embarazo por violación, una mujer puede acceder a un aborto médico legal, sin necesidad de presentar una denuncia penal. Esta norma es obligatoria en todos los servicios públicos del país.
En 2018, la SCJN resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.
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Ese mismo año, la Corte amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud de Morelos de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual.
En 2019, la SCJN concedió el amparo a una mujer que reclamó la negativa de diversas autoridades de una institución pública de salud en la Ciudad de México (CDMX), a realizar la interrupción del embarazo por razones médicas.
El pasado 7 de julio de este 2021, también resolvió que es inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que deciden abortar después de los primeros meses del embarazo.
