Según se detalló, la denuncia fue presentada porque, de acuerdo con en análisis realizado por la UIF, se encontró que Vargas, un familiar y personas físicas y morales presuntamente “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.
“Así mismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, informó la UIF.
Este lunes, Reforma reportó que la FGR exoneró al magistrado Vargas del delito de enriquecimiento ilícito por el que fue denunciado por la UIF en 2020.
De acuerdo con el diario, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la respectiva carpeta de investigación desde el pasado 15 de junio.
En febrero de 2020, la UIF denunció al magistrado debido a que se identificó que entre 2013 y 2017, Vargas cuadriplicó sus ingresos, además de que recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales e hizo manejos millonarios en tarjetas de crédito.
Sin embargo, el pasado 15 de junio la Fiscalía estimó que a 16 meses de iniciada la indagatoria, no había evidencias de delito de enriquecimiento ilícito por lo que se propuso la determinación de ejercicio de la No Acción Penal contra el magistrado.
Al respecto, la UIF precisó este lunes que el pasado 18 de junio del año, a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales, fue consultada la propuesta hecha por el Ministerio Público, y “por tal motivo, y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad (UIF), impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX",.
