En contraparte, el organismo que mide la pobreza y evalúa la política social señala que a más de un año del inicio de la pandemia COVID-19 se ha observado que la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances si se reducen las brechas sociales y se aplican nuevas medidas fiscales.
“Sigue siendo necesaria una reforma fiscal progresiva, con el fin de contar con los recursos suficientes para financiar intervenciones que aseguren la recuperación de la economía mexicana ante la actual crisis sanitaria”, dice el documento De la emergencia a la recuperación de la pandemia de la COVID-19: la política social frente a desastres.
El organismo planteó que ante la emergencia sanitaria, la política social enfrenta el reto de implementar una estrategia de atención que considere tanto medidas de mitigación como de recuperación. Con base en el marco de análisis de la política social a partir del enfoque de la Gestión Integral de Riesgos ante Desastres (GIRD) se identificaron 44 programas de desarrollo social con alguna medida o acción para la atención de la pandemia por COVID-19, pero solo 38 pueden incidir en la disminución de los riesgos.
Además, señaló que dado que las intervenciones no fueron creadas para atender la emergencia sanitaria, no es posible atribuir que el total de presupuesto ejercido fue destinado a acciones para prevenir o mitigar los efectos de la COVID-19; por lo que expuso que se requiere tener mayor información para hacer una valoración de las intervenciones.
Expuso que tampoco es posible saber cuál es el porcentaje de cobertura de las intervenciones analizadas, en contraste con el total de la población afectada.
