Este mecanismo es una "garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión".
La Segob destacó que el mecanismo cuenta con 1,478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas. No obstante, en solo seis estados del país se cuenta con organismos locales de protección en esta materia: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.
"Desde el inicio de esta administración el Gobierno de México ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática, puesto que, a partir de diciembre de 2018 a la fecha, ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80%", informó la Segob.
La dependencia federal, que encabeza la secretaria Olga Sánchez Córdero, detalló además que de 2019 al 2020 el gobierno federal ha destinado 783 millones de pesos a este mecanismo, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021 de 416.6 millones de pesos.
