Un documento de análisis de la consultoría Lantia Intelligence reporta que en la campaña registró 35 candidatos con algún tipo de presunto vínculo criminal: "Aunque no en todos los casos hay una investigación formal, la información recolectada apunta a que los candidatos mantienen algún tipo de presunta relación con el crimen organizado".
De ese grupo, el 50% ganó la elección, precisa el reporte, por lo que augura complicaciones para la gobernanza.
"Probablemente los estados o municipios gobernados por individuos vinculados con el crimen organizado experimenten el empoderamiento de una organización criminal en particular", se detalla.

David Saucedo, consultor en políticas públicas en materia de seguridad, asegura que en las campañas se vivió la imposición de candidatos por parte del crimen organizado, pero subraya que ésta no fue exclusiva de un solo partido.
“Distintas organizaciones criminales negociaron y colocaron a candidatos, hay candidatos que obtuvieron el apoyo gracias a organizaciones criminales, pero no es una situación privativa de un partido, hay narcocandidatos que obtuvieron la victoria ya sea de Cárteles Unidos, del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, dependiendo de la zona geográfica del país”, advierte.
El consultor en seguridad explica que el involucramiento de las autoridades con el narcotráfico se da en tres niveles y sugiere a las próximas autoridades cuidar no caer en ninguna de ellas:
1. Omisión: se representa en “dejar hacer y dejar pasar”.
2. Comisión: por dejarlos operar al cobrar algún tipo de contribución económica.
3. Participación: la autoridad forma parte de un grupo delincuencial.
En los últimos años gobernadores, alcaldes y diputados han sido señalados por tener vínculos del crimen organizado, entre ellos destacan los casos de Jesús Reyna (Michoacán), Mario Villanueva (Quintana Roo), Tomas Yarrington (Tamaulipas), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y recientemente Roberto Sandoval (Nayarit). También los casos de José Luis Abarca (alcalde de Iguala, Guerrero) y Lucero Guadalupe Sánchez (diputada local de Sinaloa), entre los casos más conocidos.
Saucedo explica que interés del crimen en colocar alcaldes a modo responde a la búsqueda por tener el control de las policías municipales y en el caso de gobernadores, el interés es la policía estatal, controlar el sistema penitenciario y el de jueces y magistrados, debido a que varios de los delincuentes cumplen condenas por delitos del fuero común.