"Los afectados presentaron pruebas de falsificación de documentos, sin que ello fuera motivo de sanción administrativa o penal", denunció Cecilia Paz, de la organización Eco Ciudadanía del Futuro.
En la presentación de las conclusiones preliminares de las asociaciones que participaron como observadoras, convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), la activista advirtió que la legislación tiene laxitud y ambigüedades, mediante las cuales se puede despojar de espacios a indígenas que buscan postularse para representar a sus comunidades.
Los casos se registraron en Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit y Yucatán, entre otros estados.
"(En Chiapas) se destacaron casos como el de la prima del presidente (Andrés Manuel) López Obrador que, bajo autoadscripción indígena, sí logró reelegirse", dijo Paz, en relación con Manuela del Carmen Obrador Narváez.
Otro caso se presentó en San Luis Potosí, donde al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo la candidatura de Pedro Carrizales, 'el Mijis'.
La organización civil Los Dos Méxicos destacó la poca participación de personas con discapacidad en este proceso electoral intermedio, ya que de los 72 candidatos registrados, solo cuatro lograron ganar, cuando en el país hay más de 10 millones de personas con una discapacidad.
Según la agrupación, hubo abanderados que presentaron un reporte médico que señalaba que tenían una discapacidad solo por usar lentes o medicina para la hipertensión.
