El uso de los programas sociales ha sido un riesgo en cada elección, y en ésta, en especial, se ha convertido en un blanco entre Morena, el partido en el gobierno, y la oposición, quienes han hecho promoción, aun cuando lo prohíbe la Constitución.
Este año, en la elección calificada como la más grande de la historia moderna, están llamados a las urnas 94 millones de mexicanos, de ese total, se estima que a nivel nacional los apoyos del gobierno llegan a uno de cada cuatro hogares.
Si bien, es difícil saber qué tanto puede impactar en la forma en la que votan. La encuestadora Parametría analizó en 2006, si Oportunidades, uno de los programas principales en el gobierno de Vicente Fox, influyó en los votos que obtuvo el candidato del mismo partido en el gobierno, que era Acción Nacional.
“Felipe Calderón fue votado en alrededor de cuatro puntos porcentuales arriba de su promedio, entre quienes habían recibido recursos de Oportunidades”, señala el análisis.
“Ese fue el tamaño de impacto que llegamos a medir, la verdad es que el tema de los programas ya no había sido tema hasta esta elección y lo vamos a medir hasta tener la encuesta de salida”, detalló Francisco Abundis, director de la casa encuestadora, al explicar que se prevé que Morena se beneficie, pero que dependerá de qué tan eficaces sean las campañas que van en esa dirección.
Durante este periodo electoral se presenció en diversos spots la asociación de algunos programas impulsados por el gobierno federal con el partido en el poder. El hecho fue incluso sancionado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con una multa a Morena por 179,240 pesos.
Asimismo, determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la Constitución al difundir propaganda gubernamental durante su conferencia del pasado 9 de abril, cuando ya habían comenzado las campañas. En ella, se refirió a diversos programas sociales, como la pensión para adultos mayores.
En este caso, el análisis de Parametría explica que la preferencia electoral por Morena se podría “magnificar” por un elemento de autoría intelectual, pues aunque la ayuda para gente de la tercera edad lleva varios años como un programa federal en distintas administraciones, se identifica con el presidente López Obrador por ser quien lo originó mientras gobernaba la Ciudad de México entre 2000 y 2005.
“Lo que hemos medido es que hay un sesgo de gente de mayor edad a votar más por Morena, se le puede atribuir al programa social o un tema de hábito de voto, aunque hay que ver que era antes el perfil del priismo”, dijo Abundis.
La encuesta de Parametría muestra que, en general, todos los programas sociales gozan de muy buena percepción dentro de la opinión pública y todos tienen altos niveles de conocimiento y por su función muy bien valorados.
De acuerdo en el Censo de Población y Vivienda 2020, del Inegi, 25% de los hogares mexicanos reciben ingresos monetarios de programas de gobierno, lo que equivale a alrededor de 8 millones 754,000 casas. Los estados que concentran mayor porcentaje de hogares son Guerrero (43.2%), donde habrá cambio de gobernador, Oaxaca (42%), Chiapas (38.1%), Hidalgo (32.9%) y Tabasco (32.6%).
El cuestionario ampliado del #Censo2020MX revela que en marzo 2020, una de cada 4 viviendas particulares en #México al menos un integrante recibía apoyos monetarios de programas de gobierno; en #GRO, #OAX y #CHIS eran 4 de cada 10 viviendas. pic.twitter.com/D7l9g0zUui
— Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) March 29, 2021
No obstante, un ejercicio de La Red de Escucha, representada por 16 organizaciones, entre las que están Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, The Hunger Project y World Vision, identificó que en la gran mayoría de las comunidades analizadas no se han utilizado los programas sociales para hacer propaganda a favor de un candidato o partido político.
Según el ejercicio que se realizó en 38 municipios aislados y marginados, de 11 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán), se encontraron pocos casos entre las más de 500 encuestadas donde sí se utilizaron los programas.
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Paulina Gutiérrez, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, detalló que en todas las comunidades hay personas beneficiarias de programas sociales federales, pero en la gran mayoría de la comunidades no se han registrado actos de coacción del voto a través de amenazas de perder el apoyo de algún programa social.
Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, director de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que las acciones de coacción del voto aumentan conforme avanza la elección, pero que hasta el momento los casos están más o menos en el orden de la cultura o la práctica de otros años, y está en diferentes actores políticos.
Para los expertos que participaron en La Red Escucha es una buena noticia que la ciudadanía esté “vacunada” contra estas prácticas en el sentido de que piensan: ‘no pues le cambian el nombre y todo, pero las cosas siguen’ y se está perdiendo el miedo y creen que se puede ejercer su voto con libertad, lo que es buena noticia.
“La mala noticia es que persisten las prácticas de coacción, las ofertas, esta sensación que puede haber un intercambio que en el fondo es lucro político con la población, eso sigue existiendo, pero no es tan grande”, insistió Gómez Hermosillo.
El director de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza expuso que la gente ahora sabe que las amenazas de que los saquen de los programas.
“Están vacunados de que las promesas de campaña quedan vacías y que los repartos de tarjetas o apoyos quedan vacías y no son nada”, dijo, aunque señaló que se tienen que encontrar medidas institucionales porque ya no es un asunto de delito electoral, sino de cómo hacemos que funcione la política social.
Consideraron que a pesar del temor, hay mayor conocimiento de que amenazar o comprar el voto a través del programa no necesariamente es efectivo y es mejor mantener el programa todo el año y que la gente sienta los beneficios y se empiece a asociarlos o no con un partido.
El director de Parametría planteó que eso lleva a otra discusión sobre si es una forma legítima de tener preferencia electoral, al tener un buen programa de gobierno o una buena política pública, por lo que beneficia al gobierno que está ejerciendo, o si se consideran como programas “clientelares”.
“Es la forma más crítica de verlo, pero es una crítica académica, los usuarios de los programas no son tan críticos, son beneficiarios y lo agradecen. Sí creemos que tendrá un impacto, lo que no sé es de qué tamaño”, sostuvo Abundis.
Si un programa social como política pública funciona y el elector se lo agradece al gobierno en turno no estoy bien seguro que lo podamos considerar como clientelar.
