La prueba piloto para que las personas privadas de la libertad puedan participar en el proceso electoral de este año, en cinco centros federales de readaptación social por el Instituto Nacional Electoral (INE), se aplicó con fallas.
Organizaciones civiles que integran el observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión "Libres para Elegir", señalaron que en este ejercicio no hubo transparencia ni pleno acceso a la información para este sector de la población.
Los días 17, 18 y 19 de mayo se realizó la prueba piloto de "Voto de Personas en Prisión Preventiva" para las elecciones de diputaciones federales. De acuerdo con "Libres para elegir", en total participaron 767 personas en los penales número 11 varonil en Sonora, 12 varonil en Guanajuato, 15 varonil en Chiapas, 16 femenil en Morelos y 17 varonil en Michoacán.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había estimado la participación de 2,699 personas registradas en la base de datos que se entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de las cuales 2,200 presentaron su intención de votar, pero al final se determinó que solo 949 cumplían con los requisitos para participar en la prueba.
Al final, solo 766 personas privadas de la libertad emitieron su voto: 142 mujeres y 624 hombres, que representaron en conjunto un 80.7% de participación de la lista nominal final.
"Nos resulta sumamente relevante el nivel de participación en prisión preventiva. Si lo comparamos con el nivel de participación de la votación en 2018 a nivel nacional, que es del 62%; y el nivel más alto de participación de la historia del país en el año 1994, que es de 77%, podemos ver que es muy alto el nivel de participación en prisión", dijo en conferencia de prensa Valentina Lloret, coordinadora de políticas públicas e incidencia de CEA Justicia Social.
De los cinco penales considerados para la prueba, los de Guanajuato, Chihuahua y Sonora fueron los que contaron con mayor número de personas dentro de la Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva (LNEPP), conformada por el INE.
Las jornadas electorales en los cinco centros penitenciarios se realizó sin incidentes, pero las fallas se detectaron en lo operativo, como el hecho de que las autoridades electorales y penitenciarias prohibieron la observación ciudadana del ejercicio y no garantizaron a esta población el acceso pleno a la información.
"Pese a realizar gestiones y solicitudes formales y llamamientos públicos, las organizaciones y personas defensoras que conformamos el observatorio no fuimos autorizadas para participar como observadoras y observadores en la jornada de voto anticipado, pues esto no estuvo 'contemplado' en el modelo", señalaron las asociaciones.
En este sentido, el observatorio sugirió a las autoridades modificar sus mecanismos para futuros ejercicios de voto en prisión, con el fin de garantizar la verdadera transparencia y participación ciudadana.
Por ejemplo, la organización Artículo 19 detectó que si bien a las personas privadas de la libertad se les proporcionaron boletas electorales, instructivos de votación e información de los partidos políticos, no hubo de información oportuna, accesible y suficiente sobre los candidatos y cargos de elección popular en juego.
"Encontramos que, por un lado, la información no fue entregada de forma oportuna: no hubo tiempo para analizar las opciones políticas, porque esta información se revisó en tanto se estaba ejerciendo el voto. Por otro lado, la información entregada no era exhaustiva ni es suficiente e idónea, pues carecía de propuestas específicas por distritos; no era clara y, a excepción de un caso, no se incluyó información relacionada con propuestas que implicaran a las personas privadas de la libertad", dijo en su intervención Carlos Dorantes, oficial del programa de Derecho a la Información de Documenta.
Esto derivó en que, a la hora de la votación, algunas de las personas en prisión preventiva manifestaran confusión o dificultad de comprender a cabalidad la información entregada, lo que refleja una necesidad de generar materiales accesibles.
Incluso, el observatorio relata la experiencia de una de las mujeres en prisión que participó en el ejercicio:
"Ella se sentía muy nerviosa porque tenía muchos años sin ver este tipo de documentos. Estaba confundida porque no había ninguna propuesta que reflejara las necesidades que ella sentía: "¿Qué hago? ¿qué hago?".
El observatorio manifestó que, si bien se trata de un programa piloto, puede ser la oportunidad para que, rumbo a las elecciones de 2024, se perfeccione y dichos errores se puedan subsanar.
Para ello, propuso la elaboración de mesas de trabajo entre organizaciones civiles, familiares de personas en prisión preventiva y autoridades electorales y penitenciarias para determinar herramientas de observación, transparencia y rendición de cuentas, además de mecanismos para un acceso a la información suficiente y de calidad que fortalezcan los próximos ejercicio electorales dentro de estos espacios.
