La reforma político-electoral de 2014 —con la que el antiguo IFE se convirtió en INE— otorgó al organismo autónomo la fiscalización de los comicios federales y locales. Además, estableció que el rebase de tope de gastos de campaña y el financiamiento de entes prohibidos pueden ser causales para la nulidad de una elección.
Estos cambios han representado una mayor carga de trabajo para el instituto y han puesto mayor atención a su labor, lo que a su vez le ha abierto diversos frentes con actores políticos.
El más reciente está en las tensiones que el INE mantiene con Morena, por su decisión de cancelar las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, tras concluir que no cumplieron con la entrega puntual de sus informes de gastos de precampaña.
Ahora, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza sancionar a la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, Mónica Rangel, con la pérdida de su registro.
La Unidad propone esto porque, según su revisión, Rangel no presentó a tiempo su informe de gastos de precampaña.