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Fiscalizar las campañas más grandes de la historia, otro desafío para el INE

El instituto deberá revisar que los contendientes a más de 21,000 cargos cumplan con sus informes y se apeguen a la ley, una tarea para la que enfrenta limitaciones y que puede abrirle frentes.
lun 12 abril 2021 07:59 AM
Candidatos a revisión
En las elecciones de este año, miles de candidatas y candidatos compiten por 21,000 cargos públicos desde diputaciones federales y gubernaturas a puestos municipales.

En las elecciones de este año, las más grandes en la historia de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) no solamente tiene el reto de organizar las votaciones en sí, coordinar autoridades y velar por la equidad de las contiendas, sino que también enfrenta el desafío de fiscalizar las campañas y vigilar que los candidatos no gasten fuera de la normatividad.

La reforma político-electoral de 2014 —con la que el antiguo IFE se convirtió en INE— otorgó al organismo autónomo la fiscalización de los comicios federales y locales. Además, estableció que el rebase de tope de gastos de campaña y el financiamiento de entes prohibidos pueden ser causales para la nulidad de una elección.

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Estos cambios han representado una mayor carga de trabajo para el instituto y han puesto mayor atención a su labor, lo que a su vez le ha abierto diversos frentes con actores políticos.

El más reciente está en las tensiones que el INE mantiene con Morena por su decisión de cancelar las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, tras concluir que no cumplieron con la entrega puntual de sus informes de gastos de precampaña.

Morena afirma que esa resolución fue parcial y desproporcionada, por lo que la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consiguió que los magistrados devolvieran ambos expedientes al INE para que vuelva a revisarlos y emita otro acuerdo.

El consejero Ciro Murayama defiende la actuación del INE y su decisión original en estos casos, bajo el argumento de que el instituto se apega a la ley y no busca “poner zancadillas” a Morena, como han afirmado los dirigentes del partido.

“He oído cosas realmente casi inverosímiles, cuando se dice desde la presidencia de Morena: ‘Nos están queriendo poner una zancadilla’. ¡Se la pusieron ellos al no rendir cuentas!”, señala Murayama en entrevista.

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Dinero bajo la mesa

Estos casos son solamente un ejemplo de los frentes que pueden abrirse para el INE en el ejercicio de su tarea de fiscalizar los gastos de partidos y candidatos. A la par, el instituto enfrenta el desafío de poner la lupa sobre miles de campañas simultáneas y, con ello, sobre miles de millones de pesos.

Tanto las fuerzas políticas como los abanderados —partidistas e independientes— tienen la obligación de registrar sus operaciones de ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), mientras que para auditar esos montos el INE cuenta con una Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).

Sin embargo, especialistas advierten que hay grandes sumas que simplemente fluyen fuera del radar.

Ximena Mata Zenteno, coautora del estudio Dinero bajo la mesa , señala que miles de millones de pesos circularon sin supervisión en el marco de las elecciones de 2018 y el escenario es que eso mismo vuelva a suceder este año, debido a la alta cantidad de cargos en juego y a la amplia posibilidad de movilizar dinero que no sea detectado.

“Claro que va a haber dinero bajo la mesa, sobre todo porque hay muchos intereses en juego. Hay muchas piezas en juego y hoy las elecciones, sobre todo las de gobernador, están cada vez más cerradas en los márgenes entre puntero y segundo lugar”, dice la investigadora de la consultora Integralia.

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Uno de los factores clave en este proceso es la facilidad con la que los actores políticos pueden movilizar dinero en efectivo, que por su naturaleza es difícil de rastrear.

De acuerdo con Mata, es significativo cómo ese flujo de recursos aumenta en años electorales. Por ejemplo, en 2012 el flujo se incrementó en 37,000 millones de pesos; en 2015, en 28,000 millones de pesos, y en 2018, en 58,000 millones de pesos.

A esto se suma la llamada “doble contabilidad”, es decir, el hecho de que partidos y candidatos rinden unas cuentas al INE cuando en realidad tienen otras que son muy superiores.

Especialistas estiman que el gasto real de un candidato a gobernador en promedio es 10 veces más alto que el reportado, es decir, si un abanderado asegura haber gastado 50 millones de pesos, realmente erogó 500 millones de pesos.

A decir de Mata, el principal rubro al que se destina ese dinero es a la llamada operación clientelar: pagar a quienes son contratados para movilizar simpatizantes y votantes, o bien, para inhibir el voto.

“Este pago de estructuras es lo que encarece las campañas y lo que hace que los partidos tengan que buscar dinero ilegal por otras vías”, señala la investigadora.

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Aprietan la revisión, ¿pero es suficiente?

Para fortalecer la fiscalización de las campañas de este año, el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) firmaron un convenio de colaboración que contempla elaborar modelos de riesgo para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, los expertos advierten que esto resulta insuficiente ante el uso de dinero en efectivo, que simplemente no se cruza por la vista de las autoridades.

El exconsejero del IFE y del INE Marco Baños considera al respecto que es necesario revisar los topes de gastos de campaña, dado que cuando son muy pequeños se fomenta el uso de recursos que pasan fuera del radar.

Baños menciona como ejemplo que una campaña presidencial puede tener un tope de 429 millones de pesos, cuando una de gobernador puede ser considerablemente menor y fluctuar entre los 19 y los 25 millones de pesos.

“La verdad es que es una cantidad muy limitada. No creo que deban imponerse ni topes demasiado chicos ni demasiado grandes, como ha ocurrido en las campañas del Estado de México, donde la última tuvo un tope por 285 millones de pesos, lo cual es excesivo”, dice.

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Frente a este panorama, expertos y exconsejeros coinciden en que el INE tiene limitaciones para fiscalizar todos los recursos que se mueven en torno a las campañas, en tanto que los consejeros aseguran que el árbitro electoral actuará con apego a la normatividad, independientemente de qué fuerza política o aspirante resulte afectado si se cometió una falta.

“No nos pueden pedir que, porque son poderosos (algunos actores políticos), les tengamos miedo o no apliquemos la ley”, advierte el consejero Murayama.

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