Reformas o “reformitis”
México ha pasado por diversas reformas político-electorales que buscan “sepultar” en definitiva cualquier duda del resultado de una contienda. Los resultados de las elecciones federales de 1988 –que dieron el triunfo al candidato priista Carlos Salinas de Gortari, con el 48.7% de la votación y la ya famosa “caída del sistema”– marcaron el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990.
Cuatro años después, nació la reforma electoral de 1994 que instituyó la figura de "Consejeros Ciudadanos", esto es, personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin importar la profesión o título que poseyeran.
Para 1996, la nueva reforma electoral permitió modificar el artículo 41 constitucional y contar con un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al Poder Ejecutivo y se estableció en nueve el número de consejeros electorales.
En 2007, el Cofipe otorgó al IFE 53 atribuciones al árbitro electoral entre otras, regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los medios de comunicación, es decir, un nuevo modelo de comunicación política.
Además, aseguró condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales, para lo cual se adicionaron los párrafos 7º y 8º del artículo 134 constitucional en aras de evitar la intromisión de funcionarios públicos en las contiendas.
Al respecto, cabe recordar que apenas este 22 de abril, el INE apercibió al presidente López Obrador por difundir propaganda gubernamental durante la veda electoral en la conferencia mañanera del 20 de abril. El 16 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias, había aprobado ya una medida cautelar en contra del jefe del Ejecutivo por la difusión de programas sociales.
Como resultado de la reforma de 2007 “vio la luz” la Unidad de Fiscalización cuya tarea es actualmente cuestionada por algunos actores políticos y partidos que, lejos de cumplir con sus gastos y egresos de precampaña o campaña, la miran como un obstáculo para sus “triunfos”.
Ejemplo de ello, es el senador con licencia Félix Salgado para quien ha sido más fácil acusar al Instituto y recientemente a su partido, Morena, antes de reconocer que incumplió con la ley electoral.
Actualmente, las reglas electorales con las que compiten partidos y candidatos, datan del 10 de febrero de 2014, lo que permitió homogenizar y estandarizar la calidad de los comicios y los procedimientos electorales en el país y contempló la posibilidad de un gobierno de coalición, así como la reelección de legisladores federales, locales, entre otros.
Además, aumentó de 2 a 3% el porcentaje mínimo requerido de la votación nacional emitida para que los partidos conserven su registro y la obligatoriedad de garantizar la paridad entre géneros en candidaturas, amén de transformar a la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República.
La reforma, hasta el momento, es una propuesta que Morena ha llevado a la mesa y no ha encontrado eco en otras fuerzas políticas, por lo que las posibilidades de que la impulse el presidente y su partido –con el sentido que han esbozado– dependerá del resultado de las elecciones del 6 de junio.
