En el IMSS, recetas sin surtir se triplican y las quejas aumentan 48%

Andrés Castañeda Prado, coordinador del colectivo "Cero Desabasto", advirtió que las personas que viven en situación de vulnerabilidad son quienes se ven más afectadas por el desabasto de medicamentos en México.

Recetas no surtidas en los sistemas de Salud

El reporte señala que el desabasto e intermitencia de medicamentos e insumos se agudizó a partir de finales de 2019, por las reformas “precipitadas” para trasladar las facultades del IMSS a la Secretaría de Hacienda y que esta realizara compras consolidadas de medicamentos, y en segundo lugar, por la pandemia COVID-19.

El IMSS –que atiende al 51% de la población– registró el mayor número de recetas no surtidas con 15.9 millones en 2020, cuando en el año previo la cifra fue de 5 millones, es decir que se triplicaron. En esta institución, el incremento fue de 218%, mientras en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) -cuyos derechohabientes representan el 8.8%- fue de 2%.

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Por su parte, el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) arrojó que una de cada cinco recetas no es surtida de forma efectiva en las unidades de atención primaria del Sistema Nacional de Salud.

Y aun así, Castañeda consideró que no se tiene la “película completa”, pues muchos de los gobiernos estatales no compartieron información, en algunos casos quizá porque ni siquiera la tienen.

Denisse Tron, de "Justicia Justa", explicó que una de las razones por las que se empezó a tener problemas con el abasto fue con el cambio en el mecanismo de compra de medicamentos, el cual pasó de estar en manos del IMSS a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la actual administración, lo que evidenció falta de conocimiento en el sector.

“Se pensó que comprar medicamentos era lo mismo que comprar papelería, y comprar medicamentos no es lo mismo que comprar lápices, cuadernos o escritorios. Se dejó fuera a los estados. Esto viene a detonar problema de desabasto (…) lo que está acompañado de otras medidas de vetar a empresas nacionales ...", expuso.

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Por su parte, Irene Tello, de "Impunidad Cero", detalló que la UNOPS, es la que se encarga de las compras, pero apenas está haciendo las de 2021, cuando se tenían que haber hecho desde hace un año, y no está resuelto el problema de la distribución, lo que traerá un problema más.

Incremento de quejas y judicialización de los servicios

Las quejas interpuestas por pacientes ante los subsistemas de salud y las distintas comisiones de Derechos Humanos nacionales y locales por el no surtimiento aumentaron 48% en un año, al pasar de 9,862 en 2019 a 14,641 en 2020.

Al corte de la publicación del informe, pacientes, familiares y personal de salud han interpuesto más de 24,000 quejas a nivel nacional en los últimos dos años, con un alza importante en el primer semestre de 2020, y sin incluir los más de 3,500 reportes ciudadanos en la plataforma cerodesabasto.org.

De acuerdo con el informe, entre 2019 y 2020, se reportó un “aumento drástico” del número de quejas por falta de surtimiento de medicamentos en las tres principales instituciones de salud en el país.

El IMSS registró 3,616 quejas más que en el 2019; el ISSSTE tuvo un incremento de 611 quejas, mientras que en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) la diferencia fue de 1,041 entre ambos años. En resumen, en ese periodo, la diferencia total en estas instituciones es de 5,268 quejas.

A estas, se sumaron 884 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “omitir suministrar medicamentos” en 2019, y 1,378 en 2020, lo que “apunta a una agudización del problema público”, se advierte en el informe.

En los dos años, la mayoría de quejas presentadas ante la Comisión Nacional son respecto al IMSS (60%), le siguen el ISSSTE (33%), Petróleos Mexicanos Servicios de Salud (2%), y el 5% restante se reparte en la Secretaría de Salud/Insabi y otras instancias estatales.

Fernanda Cobo, investigadora en derecho y salud pública, señaló que si bien en años anteriores también hubo problemas de desabasto, a raíz de la enfermedad COVID-19, y el cambio iniciado con los mecanismos de compra, de ser “un fenómeno aislado” se dio el “boom de la judicialización”.

Señaló que actualmente tienen mapeados en circuitos judiciales 1,231 casos en las 32 entidades de juicios de amparo directo e indirecto relacionados con fallas en la prestación de servicios, pero también con insumos de los que antes no había problema.

“Vira el cambio de la judicialización desde 2018, ya no nada más están demandando medicamentos de falta prevalencia o medicamentos para enfermedades ultraespecializadas, sino que hoy en día, es la falta en las demandas de casi todo tipo de insumos para la salud, especialmente en enfermedades de tercer nivel como puede ser cáncer y VIH”, aseguró.

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Con ella coincidió la investigadora Sofía Charvel, quien comentó que antes el problema era de atención de la calidad, y ahora la judicialización está enfocada ahora en el tema del desabasto.

Para Janet Oropeza, de Fundar, el aumento en las recetas no surtidas y las quejas expuestas en el documento revelan con datos públicos que el desabasto existe y que ha aumentado, lo que impide asegurar el derecho a la salud de las personas. “Es un problema público, no viene de este gobierno, aunque sí se ha agravado con él”, dijo.