La Fiscalía General de la República (FGR), ya en la administración de Alejandro Gertz Manero, compró programas de espionaje por hasta 5.6 millones de dólares, según dio a conocer este miércoles el diario El País .
Estos contratos son con la compañía Neolinx de México, intermediaria de Hacking Team, la firma italiana a la que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) también compró software de ciberespionaje.
De acuerdo con El País, los contratos se realizaron en 2019 y 2020, bajo partidas secretas, para adquirir programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.
"Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía", agregó el medio.
Pero gracias a diversos informes del órgano interno de control de la FGR, se encontró que la institución encabezada por Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.
El primer contrato que se llevó a cabo durante la gestión de Gertz Manero estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se firmó el 30 de mayo de 2019 y fue por un monto de 2.4 millones de dólares.
El objeto fue: "Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135,000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias", según el reporte del órgano interno de la FGR.
El País detalla que el servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como "Geomatrix" y es el mismo que había adquirido la entonces Procuraduría General de la República en el sexenio anterior.
Otro de los contratos firmados por la FGR con Neolinx fue para la adquisición del servicio "Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos". La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, según la documentación consultada, y el costo fue de 1.1 millón de dólares en 2019, y el año siguiente la Fiscalía pagó 1.7 millones de dólares por el servicio.
El producto también es fabricado por la empresa israelí Rayzone, que lo define como un sistema estratégico de SIGINT (Inteligencia de señales) que proporciona a las agencias de inteligencia y policiales información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto también se emplearon partidas secretas para la compra del programa Pegasus, mediante el cual se espió a periodistas y activistas.
Este software, que se infiltraba en los teléfonos de los objetivos teniendo acceso a todos sus archivos y aplicaciones,fue vendido por la firma la israelí NSO Group (la competencia de Hacking Team), a través de diversas firmas mexicanas intermediarias.
Y fue en junio de 2017, todavía en el gobierno de Peña Nieto y con una Procuraduría General de la República en el país, cuando un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron públicamente que sus teléfonos habían sido infectados con el sofisticado software. Se abrió una investigación al respecto, pero quedó archivada.
Tras el escándalo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en diversas ocasiones que su gobierno no hace uso de Pegasus ni ningún otro software de espionaje, por lo que los contratos detectados en la FGR encienden las alertas entre la sociedad civil.
La organización civil Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señala que, si bien la adquisición de estos programas no es ilegal y su uso se justifica para el combate a la delincuencia organizada, también podrían ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.
Además, enfatiza la R3D, aunque este tipo de software no está absolutamente prohibido en México, sí existen límites estrictos en cuanto a las actividades de vigilancia, pues en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.
